El debate sobre el ingreso de dólares al circuito formal volvió a ocupar el centro de la escena económica. En medio de definiciones pendientes y con una normativa reciente aún en proceso de implementación, el Gobierno nacional decidió marcar límites claros al accionar de las entidades financieras, con un mensaje directo hacia uno de los bancos más importantes del sistema.
Advertencia oficial al Banco Nación
Desde Casa Rosada, el Ejecutivo elevó el tono frente a posibles trabas administrativas en la operatoria de depósitos en dólares. La señal fue explícita: no se tolerarán pedidos de documentación que no estén contemplados en la normativa vigente.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó en conferencia de prensa que el Banco Nación instruirá a su personal para ajustarse estrictamente a la ley. Según remarcó, cualquier empleado que exija requisitos adicionales será despedido, en el marco de una política orientada a facilitar el acceso al sistema financiero formal.
La Ley de Inocencia Fiscal como eje del cambio
La advertencia se inscribe dentro del espíritu de la Ley de Inocencia Fiscal, sancionada recientemente por el Congreso. Aunque la norma aún no cuenta con reglamentación definitiva, el Gobierno busca acelerar su puesta en marcha para promover la formalización de ahorros que hoy permanecen fuera del sistema bancario.
De acuerdo con lo explicado por las autoridades, el nuevo esquema apunta a modificar la lógica de control estatal, priorizando la verificación de ingresos declarados por sobre el análisis de gastos o patrimonio.
Qué se exigirá para depositar dólares
Desde el Poder Ejecutivo insistieron en que el procedimiento será simple y uniforme. Para realizar depósitos en dólares, los bancos deberán limitarse a un único requisito:
- Acreditar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias.
No se podrán solicitar declaraciones adicionales, comprobantes de origen de fondos ni otro tipo de documentación que no esté expresamente prevista en la ley. Una vez realizado el depósito, los fondos podrán utilizarse para gastar, ahorrar o invertir, con disponibilidad inmediata.
El alcance del régimen simplificado
La Ley de Inocencia Fiscal establece parámetros claros para quienes decidan adherir:
- Ingresos anuales de hasta $1.000 millones.
- Patrimonio total inferior a $10.000 millones.
- Controles concentrados en ingresos facturados y deducciones.
- Exclusión de revisiones sobre gastos y bienes personales.
Bajo este régimen, el pago del impuesto correspondiente libera al contribuyente de futuros reclamos por Ganancias y habilita operaciones de gran magnitud sin reportes automáticos por parte de bancos, escribanos, concesionarias o tarjetas.
El rol de ARCA y los cambios en los controles
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de administrar el nuevo esquema. Según lo previsto, el organismo enfocará su fiscalización en los datos declarados, reduciendo los plazos de reclamo impositivo a esquemas de 3, 5 o 10 años, según el nivel de cumplimiento fiscal.
Además, la ley actualiza los montos vinculados a delitos tributarios, eleva los pisos de evasión simple y agravada, y habilita mecanismos para extinguir la acción penal mediante el pago en determinadas condiciones.
Caputo sumó presión sobre las entidades financieras
El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó públicamente la postura oficial a través de sus redes sociales. En respuesta a consultas de usuarios, advirtió que si un banco exige requisitos de más, los clientes pueden recurrir directamente al Banco Nación, donde la instrucción será cumplir estrictamente con la ley.
Caputo también destacó que quienes adhieran al régimen simplificado podrán depositar dólares y disponer de ellos de inmediato, incluso obteniendo intereses, con un funcionamiento similar al de los sistemas financieros internacionales.
La visión técnica y las dudas del sistema
El ex titular de ARCA, Juan Pazo, explicó que el régimen permitirá exteriorizar y depositar hasta $10 millones sin que exista delito de evasión tributaria, siempre que se trate de fondos bien habidos. Según señaló, organismos internacionales como el FMI consideran estos depósitos un principio de inclusión financiera.
Pazo también remarcó que, si los fondos se destinan a la compra de bienes como autos o maquinaria agrícola, la operación deberá estar bancarizada por alguna de las partes. En su análisis, sostuvo que los bancos están actuando con un nivel de cautela mayor al recomendado, y que quienes no se adapten podrían quedar fuera del mercado.
Bancos a la espera de definiciones
Mientras tanto, el sistema financiero mantiene un estado de expectativa. Las entidades trasladaron sus inquietudes al Banco Central y aguardan precisiones sobre la reglamentación final que deberán emitir ARCA y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Desde el Gobierno reconocen que la implementación de los cambios no es sencilla, pero insisten en que no habrá margen para interpretaciones restrictivas. La consigna oficial es clara: cualquier traba adicional será considerada un incumplimiento.
