Tras meses de reclamos, incertidumbre y una fuerte desactualización de los aranceles, el Gobierno Nacional finalmente oficializó una actualización en los valores del Nomenclador de Prestaciones de Discapacidad. La medida era esperada con urgencia tanto por prestadores, que denunciaban la imposibilidad de cubrir costos, como por las familias, que temían por el corte de servicios esenciales.
El anuncio, confirmado este miércoles 29 de octubre por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), establece un esquema de aumento escalonado que busca recomponer los valores de referencia para todo el sistema.
Cuánto y cuándo aumenta el nomenclador de discapacidad
La actualización de los aranceles no será de un solo pago, sino que se implementará de forma escalonada. El Gobierno, a través de la Jefatura de Gabinete y la ANDIS, dispuso un incremento acumulado de hasta el 35% (algunas prestaciones varían entre 29,7% y 35,4%) que se aplicará en tres tramos consecutivos:
- Octubre 2025
- Noviembre 2025
- Diciembre 2025
Esta medida se formalizó a través de la resolución 13901/2025 de la ANDIS, publicada en el Boletín Oficial el pasado 23 de octubre.
Según el comunicado oficial, el objetivo de esta suba es “sostener la calidad de los servicios y asegurar la continuidad en áreas clave”, además de acompañar la suba de costos que el sector viene absorbiendo, en un contexto donde el último incremento significativo había sido casi nulo (0,5% en diciembre de 2024).
Qué es el nomenclador y por qué su actualización es crítica
Es fundamental entender qué es y qué no es este nomenclador. Cuando se habla de “aumento del nomenclador”, no se trata de un aumento directo en el bolsillo de la persona con discapacidad, como sí lo es una jubilación o una pensión.
El nomenclador es, básicamente, la lista de precios máximos (aranceles) que los financiadores del sistema deben pagar a los prestadores por sus servicios.
- Quiénes son los prestadores: Son los profesionales e instituciones que brindan la atención. Por ejemplo: transportistas, centros de día, escuelas especiales, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, hogares, etc.
- Quiénes son los financiadores: Son quienes pagan por esas prestaciones. Principalmente, las Obras Sociales, las empresas de Medicina Prepaga y el programa federal Incluir Salud (para quienes tienen Pensiones No Contributivas).
La actualización de estos aranceles es vital. Cuando los montos quedan congelados durante meses en un contexto inflacionario, los prestadores no pueden cubrir sus propios costos (sueldos, servicios, combustible, alquileres).
Esta situación genera una crisis en el sistema que termina afectando directamente a las familias, que empiezan a sufrir:
- El cobro de copagos ilegales para “compensar” el arancel bajo.
- La reducción en la calidad o cantidad de las prestaciones (menos horas de terapia, recorte en viandas).
- La interrupción directa de servicios, como el transporte.
- El cierre de centros e instituciones.
Un aumento en medio de la tensión con el sector
Este incremento de hasta el 35% llega en un momento de máxima tensión. El sector de discapacidad viene movilizándose durante todo el año, denunciando un “ahogo financiero” y un congelamiento que ponía en jaque la continuidad de los tratamientos.
De hecho, este anuncio del Ejecutivo se produce después de que el Presidente Javier Milei vetara la Ley de Emergencia en Discapacidad (Decreto 681/2025), que había sido sancionada por el Congreso. Esa ley, impulsada por organizaciones y prestadores, buscaba establecer un aumento de emergencia mucho mayor, del 70%, para equiparar la pérdida por inflación.
El gobierno optó por desestimar esa ley y avanzar con esta actualización propia, argumentando que se busca “normalizar el sistema” y dar previsibilidad.
Qué pasa con IOMA en la Provincia de Buenos Aires
Un punto clave para los bonaerenses es la situación del IOMA. Históricamente, la obra social de la Provincia de Buenos Aires se manejó con un sistema de convenios y valores propios, a menudo desenganchado del nomenclador nacional.
Sin embargo, en un anuncio separado el pasado 1 de octubre, las autoridades de IOMA informaron que tomaron la decisión de adoptar el modelo del nomenclador nacional para organizar sus prestaciones de discapacidad.
Este cambio, calificado como “histórico” por la propia obra social, busca terminar con la “desorganización” del sistema actual, que funciona con convenios individuales y una alta litigiosidad (recursos de amparo). Esta adhesión al sistema nacional comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026.
¿Es lo mismo que el aumento de la Pensión No Contributiva (PNC)?
No, son dos cosas completamente distintas y es una confusión habitual.
- Aumento del Nomenclador (esta noticia): Define cuánto cobran los prestadores (terapistas, transporte, centros) por los servicios que brindan. Lo pagan las obras sociales o Incluir Salud.
- Aumento de la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez: Es un beneficio económico mensual que la ANSES paga directamente a la persona con discapacidad que no tiene recursos y cumple con los requisitos.
La PNC por Invalidez, al igual que otras asignaciones y jubilaciones, se actualiza por la fórmula de movilidad. Por ejemplo, en octubre de 2025, el monto de la PNC (equivalente al 70% de la jubilación mínima) más el bono de $70.000, alcanzó un total de $298.408,87. Son universos separados.
