Punta Indio sigue en alerta por la Base Aeronaval: la Armada niega el cierre

El conflicto por el futuro de la histórica Base Aeronaval Punta Indio (BAPI) continúa generando preocupación en Verónica y en todo el distrito. Mientras la Armada Argentina aseguró oficialmente que la instalación no será cerrada ni habrá despidos de personal civil, trabajadores, sindicatos y vecinos sostienen que el traslado de unidades y funciones hacia Bahía Blanca podría quitarle operatividad y provocar, en los hechos, un progresivo vaciamiento de la base.

La controversia comenzó a partir del plan de reestructuración y modernización de la Aviación Naval anunciado por la Armada. El proyecto contempla una reorganización territorial y operativa, con la concentración de distintas capacidades en la Base Aeronaval Comandante Espora, ubicada en Bahía Blanca. La información conocida inicialmente indicaba que Punta Indio reduciría su actual estructura y pasaría a cumplir funciones como estación aeronaval.

La situación provocó una inmediata reacción en Punta Indio debido al fuerte vínculo que existe entre la base y la economía de Verónica. De acuerdo con diferentes estimaciones difundidas durante el conflicto, están involucrados alrededor de 185 trabajadores civiles y entre 250 y 300 integrantes de las Fuerzas Armadas, además de cientos de familias que viven y consumen en la zona.

La preocupación se profundizó ante el proyectado traslado de aeronaves y actividades vinculadas a la Escuela de Aviación Naval y la Escuadrilla de Vigilancia Marítima. Para los trabajadores, mantener físicamente abierta la instalación no resulta suficiente si pierde las funciones que históricamente justificaron su actividad. ATE sostiene precisamente que, si se trasladan esas capacidades, la base perderá operatividad y se abrirá un escenario de reducción progresiva.

La Armada Argentina, sin embargo, salió públicamente a rechazar las versiones de cierre. En un comunicado oficial difundido el 8 de septiembre afirmó de manera categórica que “no se encuentra previsto el cierre” de Punta Indio ni el despido de su personal civil. También indicó que la continuidad de la base había sido comunicada personalmente al intendente David Angueira durante una reunión mantenida el 27 de agosto con el jefe del Estado Mayor General de la Armada.

Pese a esa aclaración, el conflicto no se desactivó. El jueves 10 de septiembre, ATE encabezó una nueva movilización frente al Edificio Libertad, sede de la Armada en Buenos Aires. Allí trabajadores y representantes sindicales reclamaron que no solamente se garantice la permanencia formal de la base, sino también su capacidad operativa, sus aeronaves, talleres y actividades de formación y mantenimiento.

La protesta también incorporó una preocupación que excede el ámbito laboral: el posible impacto sobre las escuelas de Verónica. Los gremios docentes advirtieron que un eventual traslado de cientos de trabajadores militares y sus familias podría provocar una reducción considerable de la matrícula escolar y repercutir sobre diferentes servicios de la comunidad.

El reclamo ya había llegado incluso hasta la Ruta Provincial 36, donde vecinos, trabajadores e instituciones realizaron cortes parciales y acciones de visibilización para explicar a quienes circulaban por el lugar la importancia que tiene la base para Punta Indio.

En paralelo apareció otra alternativa que podría resultar determinante. La Provincia de Buenos Aires solicitó autorización para avanzar con la repavimentación de la pista principal, la pista auxiliar y calles de rodaje de la Base Aeronaval. Según se informó, Vialidad bonaerense dispone de los equipos y recursos necesarios y estima que los trabajos podrían ejecutarse en aproximadamente 60 días una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes.

De esta manera, el escenario continúa abierto. La Armada asegura que Punta Indio no cerrará, mientras que trabajadores y vecinos consideran que el verdadero interrogante pasa por determinar qué funciones conservará la base después de la reorganización. Por eso, más que la permanencia física del establecimiento, la comunidad reclama garantías sobre su funcionamiento pleno y sobre la continuidad de una actividad que desde hace más de un siglo forma parte de la historia, el empleo y la economía de Verónica y Punta Indio.

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