Una fuerte controversia quedó instalada entre los municipios de Azul y Tandil luego de que una familia integrada por 11 personas, entre ellas cinco menores de edad, fuera trasladada desde Azul hasta Tandil en un vehículo municipal y posteriormente encontrada en la estación ferroviaria de esta última ciudad.
El episodio ocurrió el jueves 13 de agosto y derivó en una denuncia penal contra funcionarios del Municipio de Azul, además de un cruce de versiones entre ambas administraciones sobre las circunstancias en las que se produjo el traslado.
Según informaron autoridades de Tandil, la familia llegó a la ciudad sin que existiera una comunicación previa con el municipio para coordinar su recepción y asistencia. Al tomar conocimiento de la situación, personal de Desarrollo Social intervino y activó el protocolo destinado a personas en situación de calle, debido a que el grupo se encontraba en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Desde Tandil señalaron que integrantes de la familia manifestaron que habían sido trasladados con la expectativa de encontrar alojamiento y asistencia, pero que finalmente fueron dejados en inmediaciones de la estación ferroviaria. La situación también quedó registrada por las cámaras de seguridad, que permitieron identificar la combi perteneciente al Municipio de Azul utilizada para el traslado.
Denuncia contra funcionarios de Azul
El conflicto adquirió dimensión judicial luego de que el concejal azuleño Agustín Puyou presentara una denuncia penal contra el secretario de Desarrollo Social de Azul, Omar Seoane, por presuntos delitos de abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La presentación fue realizada ante la Fiscalía especializada en Violencia Institucional y plantea que la familia se encontraba bajo asistencia municipal y atravesaba una situación habitacional compleja. De acuerdo con la denuncia, además, existían antecedentes recientes que habían motivado la intervención de distintas áreas municipales y policiales.
La versión de Azul es diferente
Desde el Municipio de Azul sostienen una explicación distinta de lo ocurrido. Según trascendió desde fuentes de la administración encabezada por Nelson Sombra, el traslado habría sido solicitado por la propia familia, cuyos integrantes manifestaron que tenían una posibilidad laboral y una alternativa de alojamiento en Tandil.
También aseguran que el procedimiento contó con acompañamiento profesional, que los integrantes del grupo habrían prestado su consentimiento y que fueron informados acerca del destino al que se dirigían.
De esta manera, mientras Tandil cuestiona que una familia vulnerable haya sido trasladada sin coordinación previa y terminara requiriendo asistencia de emergencia, desde Azul sostienen que se trató de un viaje solicitado por los propios integrantes del grupo familiar.
Tandil debió intervenir de urgencia
Ante la presencia de los 11 integrantes de la familia en la estación, el Municipio de Tandil dispuso alojamiento y asistencia para evitar que quedaran en situación de calle. También se dio intervención policial y los integrantes del grupo realizaron una exposición sobre lo sucedido.
El caso generó especial preocupación por la presencia de cinco menores y por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraba la familia.
Ahora será la investigación judicial la que deberá determinar cómo se tomó la decisión de trasladar al grupo, qué información recibió la familia, cuál era el destino acordado y si existió o no una coordinación entre los municipios antes del viaje.
Más allá de la disputa política entre ambas administraciones, el episodio vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad de los organismos públicos frente a personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad.
