Una nueva e intensa disputa legal encendió las alarmas entre miles de trabajadores bonaerenses que esperaban un cambio en su esquema previsional.
La administración nacional acudió de urgencia a la Justicia para bloquear por completo la transferencia de fondos hacia el organismo previsional de la provincia.
Si tenías dudas sobre qué pasará con tus futuros haberes y dónde quedarán radicados tus aportes este año, esta decisión judicial cambia los planes.
El origen del conflicto previsional
La disputa se desató luego de que el gobierno provincial incluyera el artículo 59 en la Ley de Presupuesto 2026 (Ley 15.557).
A través de esta normativa, se dispuso que los empleados de empresas privadas con capital mayoritario del Estado provincial dejen de aportar a la ANSES.
El plan estipulaba que todos estos fondos comenzaran a ser redirigidos de forma directa al Instituto de Previsión Social (IPS) desde este año.
Quiénes son los miles de trabajadores afectados
La medida oficial impulsada por la gobernación bonaerense abarca un universo estimado en cerca de 20.000 empleados en total.
Entre el personal afectado se encuentran aproximadamente 2.200 operarios de ABSA y otros 1.500 trabajadores pertenecientes a Aubasa.
La normativa también incluye a empleados de Centrales de la Costa, Ceamse, Bagsa y al personal docente extracurricular y no docente de colegios privados reconocidos.
Los motivos de la demanda de la Nación
A través de la Procuración del Tesoro, la Nación presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra la Provincia y el IPS.
El Gobierno nacional argumenta que la medida desfinancia de forma severa a la ANSES al quitarle miles de aportantes activos al sistema general.
Además, sostienen que el artículo 125 de la Constitución solo permite a las provincias tener cajas propias para empleados públicos y profesionales, excluyendo al sector privado.
Qué va a pasar ahora con los aportes
El Poder Ejecutivo nacional no solo pidió anular la ley, sino que solicitó una medida cautelar para suspender el traspaso de inmediato.
La intención oficial es congelar cualquier movimiento informático o administrativo hasta tanto el máximo tribunal dicte una sentencia definitiva.
Por el momento, y mientras se resuelve el conflicto en la Corte, los empleados afectados seguirán realizando sus aportes al régimen nacional de la ANSES.
