El Poder Ejecutivo Nacional ha dado un paso significativo en su agenda legislativa al enviar al Congreso de la Nación dos proyectos de ley que buscan transformar áreas críticas de la administración pública y la salud social. Estas iniciativas, que ingresaron formalmente para su tratamiento, proponen cambios profundos en el abordaje de la Salud Mental y establecen mecanismos de control estrictos para combatir el fraude en las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.
Readecuación de la Ley de Salud Mental mayor libertad y rol de las familias
El proyecto de reforma de la actual Ley de Salud Mental busca corregir lo que el Gobierno considera limitaciones estructurales que dificultan la atención efectiva de los pacientes. La propuesta pone el foco en la internación y en el poder de decisión de las familias y los profesionales de la salud.
Uno de los puntos centrales es la facilitación de las internaciones involuntarias en casos donde exista un riesgo para sí mismo o para terceros, eliminando ciertas trabas burocráticas que hoy demoran la asistencia urgente. El objetivo es que los especialistas puedan actuar con mayor celeridad sin que el proceso judicial sea un impedimento inicial en situaciones de crisis.
Además, el proyecto contempla la integración de los hospitales especializados (antes denominados monovalentes) al sistema general, asegurando que no sean cerrados sino readecuados. Se busca que la atención sea integral y que los pacientes no queden aislados del sistema de salud convencional, garantizando estándares de calidad y seguridad en las instituciones médicas.
Lucha contra el fraude en Pensiones por Invalidez auditorías y transparencia
En paralelo, el Gobierno envió un proyecto de ley diseñado para transparentar el sistema de pensiones por invalidez laboral. Tras auditorías que detectaron irregularidades masivas en el otorgamiento de estos beneficios durante gestiones anteriores, la iniciativa busca establecer un marco legal sólido para la revisión y asignación de estos recursos.
El proyecto propone que la Agencia Nacional de Discapacidad tenga facultades más amplias para auditar los beneficios otorgados. Se estima que, mediante la identificación de pensiones mal concedidas, el Estado podría ahorrar sumas superiores a los $1.000 millones mensuales, fondos que hoy se desvían de quienes realmente necesitan el apoyo estatal por su condición de vulnerabilidad y discapacidad real.
Entre las medidas propuestas se incluye la digitalización obligatoria de los certificados médicos y la actualización periódica de los requisitos de residencia y situación patrimonial de los beneficiarios. La intención no es quitar el beneficio a quien le corresponde, sino asegurar que los fondos públicos lleguen exclusivamente a las personas con un grado de invalidez laboral certificado y comprobable.
