El conflicto por los fondos para la educación superior en Argentina entra en una etapa de definiciones. El Gobierno nacional confirmó que incluirá un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario en el temario de las sesiones extraordinarias, las cuales fueron formalmente prorrogadas hasta el 28 de febrero de 2026. Esta jugada busca reemplazar la normativa vigente que el Congreso ratificó el año pasado tras el veto presidencial, y que el Ejecutivo se resiste a aplicar plenamente bajo el argumento de mantener el equilibrio fiscal.
La decisión administrativa, que se oficializará este lunes en el Boletín Oficial, representa un intento del oficialismo por retomar la iniciativa legislativa tras meses de tensión con rectores, gremios docentes y masivas movilizaciones estudiantiles.
Las claves del nuevo proyecto oficialista
A diferencia de la ley ratificada en 2025, que establecía una indexación automática de los salarios y gastos de funcionamiento basada en la inflación acumulada desde diciembre de 2023, la propuesta que impulsa la Casa Rosada busca un esquema más restrictivo pero “previsible”.
- Sustitución de la ley actual: El objetivo central es derogar la norma que obliga al Estado a desembolsar una recomposición salarial estimada en el 50% para equiparar la pérdida de los últimos dos años.
- Auditorías y transparencia: El nuevo texto profundizaría los mecanismos de control sobre el uso de los recursos por parte de las universidades nacionales, un punto de fricción constante entre el Ministerio de Capital Humano y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
- Acercamiento con los rectores: En las últimas semanas se produjeron reuniones secretas entre funcionarios nacionales y autoridades universitarias de la UCR y el PJ. Según fuentes oficiales, el Gobierno busca un “pacto de gobernabilidad” que garantice el inicio del ciclo lectivo 2026 a cambio de una mayor certidumbre en el envío de partidas mensuales, aunque sin los montos retroactivos que exige la ley vigente.
Matrícula récord frente a la crisis presupuestaria
Un dato que marca la urgencia del debate es el comportamiento de la matrícula 2026. A pesar del ajuste y la incertidumbre salarial, las universidades públicas argentinas han registrado cifras récord de inscripción en febrero. Este fenómeno es interpretado por especialistas como una respuesta a la crisis económica: ante la imposibilidad de costear estudios privados o la necesidad de mayor capacitación para el empleo, la universidad pública se consolida como el principal refugio aspiracional de la clase media.
Sin embargo, el contraste es marcado. Mientras la cantidad de alumnos crece, los gremios docentes denuncian que el presupuesto real para 2026, aprobado recientemente en el Congreso, implica una caída real cercana al 5% respecto a 2025, sin contar la deuda acumulada por la falta de actualización de haberes.
Cronograma de las sesiones extraordinarias
La prórroga de las sesiones hasta el 28 de febrero le otorga al Gobierno una ventana de dos semanas para intentar dictaminar y votar el proyecto en la Cámara de Diputados. La estrategia legislativa del oficialismo es ambiciosa, ya que el temario de extraordinarias también incluye otros temas de alto impacto:
- Baja de la edad de imputabilidad: Ya cuenta con media sanción y espera su turno en el Senado.
- Reforma laboral: Se discuten detalles sobre las contribuciones patronales y el fondo de cese.
- Financiamiento universitario: Es la pieza que el Gobierno quiere usar para destrabar el conflicto social antes del 1 de marzo, fecha prevista para el comienzo de clases en muchas facultades.
Qué está en juego para los estudiantes y docentes
Para el personal universitario, el nudo de la cuestión es salarial. El Frente Sindical Universitario advierte que la “paz social” está en riesgo si no se reconoce el atraso frente a la inflación de 2024 y 2025. Por el lado de los estudiantes, la preocupación se centra en el mantenimiento de las becas y el funcionamiento de servicios esenciales como los comedores universitarios y los hospitales escuela, cuyos insumos dependen de los gastos de funcionamiento que el Gobierno busca regular con la nueva ley.
El resultado de estas sesiones extraordinarias determinará si el sistema universitario nacional enfrenta un año de normalización o si se encamina hacia un nuevo ciclo de paros y tomas de facultades que marcaron la agenda educativa del año pasado.
