El debate por el rumbo de la educación argentina ocupa un lugar central en la discusión pública y política, con diversas voces que plantean fuertes opiniones sobre cómo debería organizarse el sistema escolar en las próximas décadas. En ese marco, un proyecto de ley que propone cambios estructurales generó cuestionamientos y apoyos desde distintos sectores de la comunidad educativa y la sociedad civil.
Polémica por los cambios propuestos en la Ley de Libertad Educativa
El nuevo proyecto de Ley de Libertad Educativa, presentado a fines de diciembre en el Congreso de la Nación, propone reemplazar la actual Ley de Educación Nacional —vigente desde 2006— y establecer un marco legal renovado para todo el sistema educativo argentino.
Según el texto, que comprende 169 artículos, entre sus ejes principales se encuentran:
- Libertad pedagógica y autonomía institucional
- Rol preferente de las familias en la educación
- Subsidiariedad del Estado en el financiamiento educativo
- Equidad entre escuelas estatales y privadas
Estas propuestas generaron un intenso debate en distintos ámbitos, desde gremios docentes hasta legisladores y especialistas en educación.
Críticas de los gremios docentes
Desde Suteba Junín , la secretaría María Silvia Velasco cuestionó varios aspectos de la iniciativa. Entre sus principales objeciones, señaló que el proyecto podría desplazar al Estado de su rol principal en el financiamiento de la educación pública , lo cual pondría en riesgo la sustentabilidad de las instituciones educativas, especialmente las estatales.
El referente gremial también expresó preocupación por la inclusión de modalidades alternativas como escuela en casa o entornos virtuales , que, a su juicio, podrían tensionar la obligatoriedad escolar y debilitar a las instituciones con menor matrícula. Asimismo, criticó los criterios de estabilidad laboral docente previstos en el proyecto, vinculados al desempeño y la evaluación continua.
Velasco afirmó que el enfoque propuesto —que elimina la obligación del Estado de invertir al menos el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) exclusivamente en educación— podría llevar a un retorno a políticas educativas de la década de los ’90, centradas en criterios de mercado y políticas focalizadas , lo que aumentaría las desigualdades educativas.
Posición de legisladores provinciales
La senadora provincial Natalia Quintana (Hechos – UCR Identidad), con experiencia previa como consejera General de Educación se manifestó en contra de la iniciativa. Para Quintana, la propuesta va “en contra de la rica historia de educación pública, laica y gratuita” de Argentina, que busca garantizar igualdad de oportunidades independientemente del lugar de nacimiento o la situación socioeconómica.
La legisladora expresó su preocupación por la intención de reemplazar la responsabilidad indelegable del Estado por un rol subsidiario, en el que este actuaría sólo de manera complementaria cuando las familias no pudieran garantizar el derecho a la educación. Según Quintana, este cambio podría favorecer la segregación educativa y profundizar las desigualdades existentes.
Principales ejes del debate educativo
Entre los puntos que más discusión generaron se destacan:
- Financiamiento educativo: El proyecto deroga la obligación del Estado de invertir un mínimo del 6 % del PIB en educación, proponiendo un sistema de financiamiento “centrado en el estudiante” que seguiría la demanda.
- Estabilidad laboral docente: Se plantea asociar la estabilidad a criterios de desempeño, formación continua y evaluación profesional, lo que fue criticado por gremios por poner en riesgo derechos laborales.
- Modalidades de enseñanza: La posibilidad de fortalecer la educación en casa o virtual tomó relevancia en el debate por su impacto en la obligatoriedad escolar y la función social de las escuelas.
- Equidad educativa: La definición de equidad en el proyecto difiere de enfoques anteriores al priorizar el financiamiento según la demanda y características de cada institución educativa.
