La jueza en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, Martina Forns, resolvió suspender por 180 días cualquier acto administrativo derivado del Decreto 461/2025, que dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
La decisión se tomó tras hacer lugar parcialmente a una medida cautelar de no innovar presentada por el gremio Sevina, que agrupa a trabajadores viales. La magistrada ordenó al Estado Nacional y al Poder Ejecutivo abstenerse de ejecutar acciones como reubicaciones, cesantías, traslados o supresión de estructuras vinculadas al organismo.
En este contexto, la jueza dejó en claro que el decreto no podrá tener efectos prácticos mientras se analizan los aspectos de fondo del planteo judicial.
Además, Forns hizo énfasis en que la Constitución Nacional y los convenios internacionales de la OIT con jerarquía constitucional –específicamente los N° 87, 98 y 151– impiden al Estado modificar unilateralmente condiciones laborales establecidas en acuerdos colectivos vigentes.
Según la agencia Noticias Argentinas, la magistrada no se expidió aún sobre el pedido de nulidad e inconstitucionalidad del decreto, al considerar que eso requiere un “estudio mucho más complejo y profundo, con amplio debate y prueba”.
