El Gobierno nacional ya puso en marcha las primeras reuniones técnicas para transformar por completo el funcionamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
A continuación, te contamos los ejes clave de la iniciativa que busca blindar la moneda y cambiar la historia del peso.
El fin definitivo del financiamiento al Tesoro
El corazón del proyecto apunta a modificar la Carta Orgánica del BCRA para prohibir por ley que la entidad emita pesos para cubrir el déficit del Estado.
La máxima del presidente Javier Milei es eliminar los adelantos transitorios y las transferencias de utilidades contables hacia el fisco.
De esta manera, se busca quitar cualquier margen legal para que el Central vuelva a funcionar como la caja política de los gobiernos de turno.
El modelo de Estados Unidos bajo la lupa
Para diseñar el nuevo marco regulatorio, los equipos de Economía, Desregulación y el propio BCRA miran con atención el esquema de la Reserva Federal estadounidense.
La intención es permitir que el banco opere con títulos públicos en el mercado secundario únicamente por razones de liquidez y estabilidad financiera.
La reforma dejará en claro que estas operaciones jamás podrán convertirse en una asistencia automática para financiar el gasto público.
Un freno a la reforma del año 2012
El Ejecutivo busca dar marcha atrás con las modificaciones implementadas durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont hace más de una década.
El objetivo prioritario será recuperar la misión original de preservar el valor de la moneda y sostener la estabilidad del sistema financiero.
Se eliminarán de los estatutos los conceptos amplios que, según la mirada oficial, justificaban la emisión descontrolada bajo metas de inclusión o desarrollo.
Blindaje político y sintonía con el FMI
La reforma también prevé reforzar la independencia del directorio del BCRA mediante mandatos técnicos que requieran la validación del Congreso.
Esta medida busca proteger a las autoridades de la entidad frente a los ciclos políticos y los cambios de gestión en la Casa Rosada.
Cabe destacar que este rediseño legal e institucional forma parte de las sugerencias que el Fondo Monetario Internacional planteó en su segunda revisión.
