Un proyecto bautizado como Ley de Libertad Inmobiliaria llegó recientemente a la Cámara de Diputados de la Nación y ya sacude al sector: propone quitar trabas históricas para operar en compraventa y alquileres, con la promesa de abaratar los servicios inmobiliarios y ampliar la oferta.
¿Qué plantea la Ley de Libertad Inmobiliaria?
Presentada por el diputado del PRO Alejandro Bongiovanni, la iniciativa busca “democratizar” el mercado inmobiliario al habilitar la participación de cualquier persona mayor de edad, sin exigir título universitario ni matrícula obligatoria para ejercer como intermediario.
Principales cambios del proyecto
- Fin de la matrícula obligatoria: pasa a ser opcional y sin límite geográfico.
- Libre competencia de honorarios: se eliminan aranceles mínimos y honorarios fijos.
- Restricción a los colegios profesionales: pierden la potestad de sancionar y regular; las matrículas podrían gestionarse desde entidades privadas o cámaras sectoriales.
- Ejercicio sin fronteras provinciales: habilita operar en todo el país sin restricciones territoriales.
Argumentos del impulsor
Bongiovanni sostiene que la apertura a nuevos actores generará competencia basada en reputación y calidad de servicio, forzando a los intermediarios a innovar y transparentar sus prácticas. Según el legislador, la mayor presión competitiva se traducirá en reducción de precios y un acceso más amplio a la vivienda.
Próximos pasos en el Congreso
El texto debe atravesar comisiones antes de llegar al recinto; de lograr media sanción en Diputados, pasará al Senado. En paralelo, los colegios profesionales anticipan un debate intenso sobre la seguridad jurídica de las operaciones.
Impacto esperado en el mercado
El oficialismo confía en que la desregulación estimulará inversiones, atraerá nuevas tecnologías al sector y aliviará los costos de inquilinos y compradores. Sin embargo, especialistas advierten que la eliminación de requisitos podría generar mayor litigiosidad si no se refuerza la supervisión judicial de las transacciones.