Luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal N°2 resolvió que la pena deberá cumplirse bajo el régimen de prisión domiciliaria.
De esta manera, Cristina quien permanece en su domicilio del barrio porteño de Constitución, deberá portar una tobillera electrónica de forma permanente. La medida incluye restricciones como la obligación de entregar un registro de personas autorizadas a ingresar a su vivienda —limitado a familiares, médicos, abogados y custodios— y la prohibición de alterar la convivencia vecinal.
A pesar de esta novedad judicial, sectores del peronismo confirmaron que se llevará a cabo la movilización prevista para el miércoles 18 de junio bajo la consigna “Argentina con Cristina”. La convocatoria, respaldada por el Partido Justicialista y agrupaciones afines, se ratificó incluso una hora antes de que se conociera oficialmente la decisión judicial, y no fue suspendida tras el anuncio.
La marcha comenzará a las 10 de la mañana, y se espera una importante participación de militantes, referentes políticos y ciudadanos. En paralelo, el Gobierno anunció que se descontará el día a los empleados públicos que se ausenten de sus puestos para participar en la protesta, lo que agrega tensión a una jornada cargada de simbolismo político.
Este episodio marca un nuevo capítulo en la polarización política del país, donde la condena a una de las figuras más relevantes del peronismo convive con manifestaciones públicas de respaldo que buscan expresar rechazo a lo que consideran una persecución judicial.