En un cambio histórico para la tradición católica de nuestro país, desde el 1° de enero la Iglesia ya no recibe más un aporte económico del Estado para pagarles sus asignaciones mensuales a los obispos, sacerdotes y seminaristas.
El aporte estatal en el 2023 para el pago de las asignaciones a religiosos católicos fue de $188,7 millones, destinadas a 153 arzobispos y obispos, 640 sacerdotes y 1.100 seminaristas.
El año anterior, 2022, se habían asignado para el pago de los sueldos $202 millones; en el 2021, $203,5 millones; en el 2020, $163 millones; en el 2019, $126,5 millones; y en el 2018, $130,4 millones.
El proceso de reducción del aporte comenzó a fines del 2018, cuando se incrementaron los reclamos para terminar ese apoyo económico y avanzar en la separación del Estado de la iglesia.
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