El plan para reestructurar la infraestructura terrestre argentina dio un paso decisivo este viernes 27 de febrero de 2026. La apertura de sobres de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones confirmó que 15 empresas constructoras competirán por gestionar los principales corredores viales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, marcando un cambio radical en la forma de transitar por el país.
Esta medida certifica el desmantelamiento progresivo del modelo de administración estatal que hasta ahora operaba bajo la órbita de Corredores Viales S.A. El Ministro de Economía de la Nación ratificó que el nuevo esquema funcionará exclusivamente con inversión privada y sin aportes del Tesoro Nacional, buscando una drástica reducción del gasto público y una mejora sustancial en la eficiencia operativa de las rutas.
Los corredores estratégicos que cambian de administrador
La actual ronda de licitación abarca un total de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas de altísimo tránsito, vías que resultan vitales tanto para la exportación agropecuaria como para el turismo interno. Estos caminos se dividirán en dos grandes bloques operativos para facilitar su modernización inmediata y asegurar que las obras urgentes de bacheo y repavimentación se financien directamente con la recaudación de las cabinas de peaje.
| Tramo a concesionar | Provincias abarcadas | Longitud total | Rutas y autopistas incluidas |
|---|---|---|---|
| Tramo Sur Atlántico – Acceso Sur | Buenos Aires | 1.325 kilómetros | RN 3, RN 205, RN 226, Au. Ezeiza-Cañuelas, Au. Riccheri y Au. Jorge Newbery. |
| Tramo Pampa | Buenos Aires y La Pampa | 546 kilómetros | RN 5 (desde el kilómetro 65) y la totalidad de la RN 35. |
Condiciones para las empresas y nuevo sistema de control tarifario
Las 15 firmas privadas que ya presentaron sus avales técnicos y garantías legales deberán superar ahora la fase más competitiva: la evaluación económica. En esta instancia definitiva, la variable central será la tarifa de peaje que cada oferente proponga cobrar a los conductores, lo que determinará a los ganadores de cada corredor basándose en el menor costo ofrecido para el usuario.
Para evitar abusos en los cobros y garantizar el óptimo estado del asfalto, el Ministerio de Economía diseñó un esquema de penalidades inédito. La Dirección Nacional de Vialidad auditará a los concesionarios mediante un estricto sistema de control por resultados, lo que significa que las compañías perderán la concesión o sufrirán severas multas económicas si no mantienen corredores viales seguros, iluminados y con niveles de servicio premium para quienes transiten.
Además del arreglo de la calzada, los pliegos de licitación exigen incorporar tecnología de punta en las rutas concesionadas. Las empresas ganadoras estarán obligadas a instalar sistemas avanzados de pesaje dinámico para evitar la destrucción por exceso de carga, sumado a la construcción de nuevas áreas de servicio que ofrezcan descanso seguro y facilidades a los transportistas.
El cronograma completo de la reestructuración terrestre
Esta adjudicación bonaerense y pampeana no es un hecho aislado, sino una pieza fundamental de un engranaje diseñado para privatizar casi por completo el mapa carretero nacional. Mientras se analizan las ofertas de la Etapa II-A, el Poder Ejecutivo ya activó los procesos administrativos para las siguientes fases del plan maestro.
- Etapa I (Adjudicada): Comprendió 741 kilómetros estratégicos del corredor del Mercosur, dejando el Puente Rosario-Victoria y las rutas del litoral (RN 12, 14 y 135) en manos del sector privado a través de Autovía Construcciones y una Unión Transitoria de Empresas.
- Etapa II-B (En licitación abierta): Abarca más de 1.160 kilómetros divididos en los tramos Portuario Sur (RN 9 y 188) y Portuario Norte (RN 9, 33 y A-008), con la apertura de sobres oficiales programada para el 7 de mayo de 2026.
- Etapa III (Lanzamiento reciente): Proyecta la concesión de casi 4.000 kilómetros adicionales distribuidos en ocho tramos que cruzan el centro, norte y región de Cuyo, llevando el alcance total del programa gubernamental a más de 9.000 kilómetros tercerizados.
Con esta ambiciosa arquitectura de licitaciones secuenciales, la administración nacional espera erradicar de forma definitiva el histórico déficit de infraestructura terrestre. El automovilista y el transportista enfrentarán a partir de ahora cuadros tarifarios actualizados bajo lógicas de libre mercado, pero con la obligación contractual de circular por rutas de altos estándares internacionales, sin depender de los impuestos de los ciudadanos que no las utilizan.
