La privatización de la ruta 226 ya es una realidad ineludible para miles de bonaerenses que transitan a diario este corredor vital. El proceso de licitación nacional e internacional lanzado por el Gobierno de Javier Milei marca el final de la administración estatal y el comienzo de una nueva etapa de gestión corporativa privada.
El tramo afectado, que integra el denominado bloque Sur-Atlántico, abarca más de 400 kilómetros estratégicos. Este segmento conecta Mar del Plata con Bolívar, atravesando polos productivos y turísticos fundamentales para la región como Balcarce, Tandil, Azul y Olavarría.
El fin de Corredores Viales y la reestructuración del modelo de gestión
Con la reciente apertura de sobres de oferentes en 2026, el Ministerio de Economía oficializó el traspaso que dictamina la disolución progresiva de la empresa estatal Corredores Viales S.A.. La medida busca reducir el déficit del Tesoro Nacional y transferir el costo de mantenimiento, reparación y ampliación directamente a los consorcios privados.
El nuevo formato se basa estrictamente en un esquema de concesión de obra pública por peaje. Las empresas ganadoras de la licitación tendrán la responsabilidad exclusiva de garantizar el bacheo, la modernización de la señalización y la prestación ininterrumpida de servicios de asistencia al usuario a lo largo de toda la traza asfáltica.
Nuevas cabinas de cobro y modificaciones tarifarias en el corredor
El cambio de manos administrativo vino acompañado de ajustes económicos significativos. Antes del traspaso definitivo, el Gobierno autorizó un aumento preventivo en las tarifas de los peajes, afectando fuertemente el presupuesto operativo de transportistas, viajantes y turistas. En estaciones clave de la traza, como el peaje El Dorado en el límite entre General Pueyrredon y Balcarce, el impacto en el bolsillo ya se hace sentir.
Para los vecinos de Tandil, una ciudad en pleno centro de este trazado, la privatización representa un desafío logístico inmediato. La ruta 226 es la arteria principal para la salida de la producción agrícola e industrial hacia el Puerto de Mar del Plata, por lo que cualquier modificación en las barreras de peaje incide directamente en los costos de los fletes y el transporte local.
Además, los pliegos oficiales de la licitación contemplan expansiones concretas en la red de recaudación. Actualmente se proyecta la instalación de un nuevo peaje a 10 kilómetros del acceso a Bolívar, lo que modificará drásticamente la logística de quienes viajan hacia el oeste de la Provincia.
Para mitigar parte de estos costos, el pliego también contempla un sistema de tarifas integradas. Por ejemplo, quienes atraviesen más de una estación dentro de un lapso de tres horas abonarían un solo peaje en recorridos específicos, buscando no penalizar financieramente los trayectos de media distancia entre localidades vecinas.
| Aspecto de la gestión | Modelo estatal anterior | Nueva concesión privada |
|---|---|---|
| Administración principal | Corredores Viales S.A. (Estado Nacional) | Consorcios constructores privados |
| Financiamiento de obras | Subsidios del Tesoro y recaudación parcial | Recaudación directa por peajes e inversión |
| Extensión concesionada | Mantenimiento reactivo general | Más de 400 kilómetros (Mar del Plata – Bolívar) |
| Proyectos de expansión | Limitados por el presupuesto público | Nuevas cabinas y mejoras garantizadas por pliego |
Vehículos exceptuados del pago bajo la nueva normativa
A pesar del endurecimiento general de las políticas tarifarias, el pliego licitatorio establece un régimen de gratuidad para ciertos grupos esenciales. Para acceder a este beneficio, es requisito obligatorio que los vehículos involucrados cuenten con el sistema Telepase activo y registrado.
Las categorías específicas que quedan exentas de abonar el peaje incluyen:
- Ambulancias y vehículos de asistencia médica de emergencia.
- Unidades operativas de las Fuerzas Armadas, Bomberos y de Seguridad.
- Flotas oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de Vialidad Nacional.
- Personas con certificado válido de discapacidad y ex combatientes de Malvinas.
El conflicto político con la gestión provincial
La transferencia del control de la ruta nacional no estuvo exenta de fuertes tensiones políticas. La administración bonaerense de Axel Kicillof manifestó un profundo rechazo institucional tras la exclusión de AUBASA de la licitación, la empresa provincial que buscaba competir abiertamente por la administración de este tramo clave.
Este cruce jurisdiccional genera incertidumbre sobre la coordinación futura entre Nación y Provincia para el control de cargas y la seguridad vial general. Mientras el proceso de adjudicación final avanza a paso firme durante este 2026, los miles de usuarios diarios de la ruta 226 esperan que el aumento inminente en los costos de circulación se traduzca de forma rápida en una calzada verdaderamente más segura y eficiente.
