El sistema educativo argentino se encuentra en el umbral de su transformación más profunda en décadas. El proyecto de la Ley de Libertad Educativa, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, busca derogar la Ley de Educación Nacional de 2006 para instaurar un paradigma basado en la autonomía institucional, el financiamiento a la demanda y la libertad de elección. En este febrero de 2026, mientras las familias preparan el regreso a las aulas, el debate legislativo y social sobre estos cambios ha alcanzado su punto máximo de tensión.
¿Qué cambia realmente con la nueva ley?
La iniciativa, que consta de más de 160 artículos, redefine los cimientos de la enseñanza en el país. A diferencia del modelo actual donde el Estado es el garante y gestor central, la nueva normativa propone un Estado subsidiario que acompaña las decisiones de los “agentes naturales” de la educación: las familias.
Los puntos clave de la reforma incluyen:
- Homeschooling legalizado: Se reconoce formalmente la educación en el hogar para mayores de cierta edad (generalmente desde el segundo ciclo de la primaria), permitiendo que los padres dirijan el aprendizaje sin necesidad de asistencia física a una institución, siempre que se acrediten contenidos mediante exámenes anuales.
- Financiamiento por “Vouchers”: El sistema propone dejar de financiar la “oferta” (edificios y cargos fijos) para financiar la “demanda”. Los recursos seguirían al alumno a través de vales, becas o créditos fiscales, permitiendo que las familias elijan entre instituciones estatales o privadas con mayor flexibilidad.
- Examen final nacional: Se establece una evaluación estandarizada obligatoria al finalizar la secundaria. Los resultados no solo medirán el desempeño del alumno, sino que servirán para auditar la calidad de las instituciones y orientar la asignación de recursos.
- Autonomía institucional: Las escuelas tendrán libertad para definir sus propios reglamentos, proyectos pedagógicos y participar activamente en la selección de su personal docente, eliminando la rigidez de los estatutos centralizados.
Por qué genera polémica: Los frentes de conflicto
La propuesta ha polarizado a la comunidad educativa. Por un lado, el oficialismo y sectores afines sostienen que la educación argentina está en “decadencia terminal” y que solo la competencia y la libertad pueden mejorar los resultados de aprendizaje.
Por otro lado, gremios como CTERA y SUTEBA, junto a especialistas en políticas públicas, advierten sobre riesgos severos:
- Fragmentación social: Críticos sostienen que el sistema de vouchers podría vaciar de recursos a las escuelas de barrios vulnerables, profundizando la brecha entre quienes pueden pagar un “plus” y quienes dependen exclusivamente del subsidio estatal.
- Desfinanciamiento del 6% del PBI: La nueva ley no garantiza el piso de inversión del 6% del Producto Bruto Interno que establecía la ley anterior, lo que genera temor sobre el sostenimiento de la infraestructura escolar.
- Derecho a huelga en jaque: Al declarar la educación como “servicio esencial”, se obliga a las instituciones a mantener guardias mínimas del 75% durante paros docentes, una medida que los sindicatos califican como un ataque directo a sus derechos laborales.
Impacto en el sistema escolar y el trabajo docente
Para los maestros, la Ley de Libertad Educativa implica una reestructuración de su carrera. El ascenso y la estabilidad ya no dependerían únicamente de la antigüedad, sino de la evaluación periódica de desempeño y la formación continua. Además, las instituciones podrían contratar docentes bajo modalidades más flexibles, lo que genera incertidumbre sobre los convenios colectivo de trabajo.
Para las familias, el impacto inmediato sería una oferta educativa más diversa (presencial, virtual o híbrida), pero con la responsabilidad adicional de gestionar y elegir el destino de los fondos educativos de sus hijos.
El escenario en el Congreso para 2026
Con el inicio del ciclo lectivo a la vuelta de la esquina, el Gobierno busca acelerar el tratamiento en comisiones. El desafío será lograr el consenso con los bloques provinciales, que temen perder autonomía sobre sus propios presupuestos educativos. Mientras tanto, la Justicia ya analiza amparos presentados por diversas organizaciones civiles que consideran que la ley vulnera el principio de progresividad de los derechos sociales.
