En una sesión clave posterior a la sanción del Presupuesto 2026, la Cámara alta avanzó con una iniciativa que modifica aspectos centrales del sistema tributario argentino. El debate se dio en un contexto de búsqueda de previsibilidad fiscal y de revisión de normas que habían quedado desfasadas por años de alta inflación.
Qué establece la ley de inocencia fiscal
El Senado sancionó la ley de inocencia fiscal, una norma que introduce cambios en el Régimen Penal Tributario con el objetivo de actualizar los montos a partir de los cuales se configura el delito de evasión.
La iniciativa fue aprobada con 43 votos a favor y 26 en contra, sin mayores objeciones en el recinto, aunque con advertencias de la oposición sobre su aplicación práctica, especialmente en lo referido a multas automáticas.
Nuevos umbrales para la evasión simple y agravada
Uno de los puntos centrales de la ley es la actualización de los montos de evasión, que no se modificaban desde hace años y habían quedado totalmente desfasados frente a la inflación.
Los cambios más relevantes son:
- Evasión simple: pasa de $1.500.000 a $100.000.000, con penas de 2 a 6 años de prisión
- Evasión agravada: sube de $15.000.000 a $1.000.000.000, con penas de 3 años y 6 meses a 9 años
En casos donde se utilicen estructuras jurídicas, testaferros, instrumentos fiduciarios o jurisdicciones no cooperantes, el monto mínimo para configurar el delito se fija en $200.000.000, cuando antes era de $2.000.000.
Facturas falsas y maniobras documentales
La ley también actualiza los montos vinculados al uso de facturas o documentos falsos, una de las figuras más habituales en investigaciones tributarias.
A partir de la sanción:
- El perjuicio económico deberá superar los $100.000.000
- El umbral anterior era de apenas $1.500.000
El cambio apunta a concentrar la persecución penal en maniobras de mayor escala.
El debate por las multas automáticas
Durante el tratamiento legislativo, uno de los puntos más cuestionados fue el impacto de las multas automáticas, que podrían incrementarse en más de 110.000% en algunos casos.
Según lo expuesto en el recinto:
- Multas para personas físicas pasarían de $200 a $220.000
- Para personas jurídicas, de $400 a $440.000
Ante estos planteos, el Poder Ejecutivo se comprometió a revisar el esquema en la reglamentación, con foco en evitar perjuicios a pequeñas y medianas empresas.
Los fundamentos del oficialismo
Desde el oficialismo se remarcó que la ley busca restablecer el principio de inocencia fiscal, permitir que los ciudadanos dispongan de sus ahorros sin temor a sanciones desproporcionadas y fomentar la reincorporación de capitales al sistema formal.
El senador Juan Carlos Pagotto señaló que el régimen vigente generaba asimetrías entre lo declarado por los contribuyentes y las presunciones del organismo recaudador, afectando tanto a personas físicas como a empresas.
Posturas de la oposición en el recinto
Desde distintos bloques opositores se plantearon reparos sobre posibles conflictos judiciales, la delegación de facultades en la reglamentación y el impacto en las provincias.
Algunos senadores advirtieron que no es lo mismo la situación de un gran contribuyente que la de un pequeño comerciante, y reclamaron mayor precisión en la aplicación de las sanciones para evitar discrecionalidad.
Una norma enmarcada en el Presupuesto 2026
La ley de inocencia fiscal se aprobó junto con el Presupuesto 2026, en una jornada que el oficialismo calificó como central para ordenar el esquema económico y tributario.
Según sus impulsores, la actualización de los umbrales busca adecuar el sistema a la realidad inflacionaria, dejar atrás parámetros obsoletos y redefinir las prioridades de fiscalización del Estado.
