En la política argentina, los enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo suelen marcar hitos que quedan en la memoria colectiva. Las últimas sesiones en el Congreso no fueron la excepción, ya que dejaron en evidencia una de las derrotas más significativas para el actual Gobierno y un precedente que no se registraba desde hace más de dos décadas.
Una votación histórica en el Senado
Con una mayoría contundente, 63 senadores votaron a favor de rechazar el veto de Javier Milei, mientras que solo 7 se pronunciaron en contra. La decisión reafirmó la ley de emergencia en discapacidad, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Hacía 22 años que el Parlamento no insistía en sostener una norma vetada por el Poder Ejecutivo.
En las afueras del Congreso, cientos de personas con discapacidades, familiares y profesionales del sector esperaron durante más de seis horas el resultado de la sesión. Los abrazos, lágrimas y gritos de celebración acompañaron la confirmación de un fallo que significó un triunfo para quienes venían reclamando mayor respaldo estatal.
Qué establece la Ley de Emergencia en Discapacidad
La normativa aprobada en julio y ahora ratificada por el Congreso contempla:
- Garantizar el financiamiento de las pensiones para personas con discapacidad.
- Actualizar mensualmente los aranceles del sistema de prestaciones, a fin de evitar que la inflación deteriore la calidad de los servicios.
- Revertir el ajuste aplicado por el Gobierno, que había recortado programas de asistencia y dado de baja más de 100.000 pensiones.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal de la ley se ubicaría entre 0,22% y 0,42% del PBI.
El debate político y social
La votación contó con el apoyo de todo el arco opositor, desde las distintas vertientes del peronismo hasta la UCR y partidos provinciales. La Libertad Avanza quedó en soledad, acompañada solo por una parte del PRO. Entre los discursos más duros se destacó el de la senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO), quien señaló: “Un Gobierno que dice que no tiene plata para las terapias de las personas con discapacidades, pero sí tiene para los negociados y las coimas, no solo es inmoral, es criminal”.
Por su parte, desde el oficialismo, la senadora Carmen Álvarez Rivero defendió la postura presidencial y denunció que la ley formaba parte de “un plan de desestabilización contra el presidente Milei”.
El debate estuvo atravesado además por un escándalo de presunta corrupción en la Agencia de Discapacidad, donde audios filtrados señalaron posibles sobornos vinculados a la compra de medicamentos y mencionaron a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Un límite al uso de decretos
La jornada en el Senado no solo trajo el rechazo al veto presidencial. También se aprobó, con 56 votos a favor, un proyecto que busca limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
La iniciativa establece que los DNU deberán recibir la aprobación expresa de ambas cámaras en un plazo de 90 días; de lo contrario, quedarán derogados. Este cambio representaría un fuerte recorte en una herramienta utilizada de manera recurrente por los presidentes en las últimas décadas, incluida la gestión actual, que ya dictó más de 60 DNU desde diciembre de 2023.
El debate ahora continuará en la Cámara de Diputados, donde se definirá si este proyecto se convierte en ley y marca un nuevo límite al poder presidencial en la Argentina.
