La Cámara Nacional Electoral decidió no hacer lugar a la solicitud de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir la Boleta Única Papel (BUP) en Buenos Aires. Esta decisión se produce tras la renuncia de tres candidatos a diputados nacionales, incluyendo a José Luis Espert, quien continuará figurando en la boleta a pesar de su dimisión vinculada a un escándalo por narcotráfico.
Imposibilidad material y plazos legales en juego
La Cámara determinó que el pedido de reimpresión era materialmente imposible debido a la proximidad de las elecciones generales del 26 de octubre. Aunque se validó el reordenamiento interno de los candidatos, se indicó que la solicitud excedía los plazos legales y logísticos necesarios para mantener el proceso electoral en marcha.
El reclamo de LLA surgió para garantizar la transparencia y el derecho del electorado a elegir de manera informada. Sin embargo, la Junta Electoral Nacional de Buenos Aires rechazó la petición, argumentando que los tiempos configuraban un obstáculo logístico insalvable.
Cuestionamientos sobre la gestión de la Junta Electoral
Ante la negativa, los apoderados apelaron, alegando que la demora en la resolución del caso había sido provocada por la propia Junta, que hizo que la situación fuera impracticable. El dictamen del fiscal de cámara se alineó con la decisión de la Junta, afirmando que no existían condiciones para completar el procedimiento necesario en el tiempo estipulado. “Resulta imposible oficializar un nuevo modelo de boleta, aprobarlo, reimprimirlo y distribuirlo a tiempo sin comprometer el desarrollo de las elecciones”, remarcó.
Normativas y fechas clave para la boleta única
La Cámara Electoral recordó que el Código Electoral Nacional y la Ley 27.781 establecen un procedimiento estricto para el diseño, aprobación e impresión de las boletas. Según informes, el Correo Argentino debía iniciar la distribución de las mismas el 16 de octubre, requiriendo al menos cinco días para completar el proceso previo.
Esto significaba que el límite para reimprimir las boletas había vencido el 10 de octubre, antes incluso de que el expediente llegara a la Cámara. Los 38.760 talonarios de boletas habían sido recibidos el 8 de octubre, y su control estaba prácticamente finalizado.
El tribunal concluyó que la cuestión había perdido virtualidad y se había tornado abstracta, destacando que “la protección de las instituciones democráticas y del calendario electoral debe prevalecer sobre los intereses partidarios”. La decisión fue notificada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
