Las discusiones sobre el rol del Estado en el control del uso de los programas sociales no son nuevas, pero cada tanto resurgen con medidas que buscan poner límites al destino de esos fondos. En esta oportunidad, la provincia de Salta fue escenario de un debate que generó apoyos y críticas por igual en torno a la relación entre las ayudas económicas, la libertad individual y los juegos de azar.
Qué establece el proyecto aprobado
La Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto que prohíbe el ingreso y permanencia en casinos, salas de juego, bingos, hipódromos y otros establecimientos de apuestas a quienes perciban:
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Subsidios sociales
- Otros beneficios asistenciales no contributivos otorgados por Nación o Provincia
Para aplicar la medida, se crea un Registro Provincial de Beneficiarios de Programas Sociales, al que tendrían acceso los concesionarios privados de salas de juego con el fin de impedir la entrada de las personas alcanzadas.
El objetivo declarado por el impulsor del proyecto, el diputado Gustavo Dantur (Justicialista Gustavo Sáenz Conducción), es “proteger los recursos estatales destinados a niños, niñas y adolescentes” y prevenir que sean desviados hacia el juego.
Cómo fue la votación en la cámara
La media sanción se logró con amplia mayoría, ya que solo dos legisladores votaron en contra:
- José Gauffín (Independencia)
- Griselda Galleguillos (Frente Liberal Salteño)
En tanto, el diputado Roque Cornejo (La Libertad Avanza) estuvo ausente al momento de la votación.
Argumentos a favor de la iniciativa
Durante el debate, varios diputados oficialistas defendieron la medida como una forma de resguardar el interés superior del niño y frenar el impacto de la ludopatía en sectores vulnerables.
- Gustavo Dantur sostuvo que la ley “no viene a restringir libertades ni derechos”, sino a garantizar que los fondos sociales lleguen a su destino.
- Guillermo Durand Cornejo afirmó que “el Estado tiene la obligación de controlar todas las ayudas sociales” y cuestionó a quienes defienden la libertad de disponer sin restricciones de esos recursos.
- Otros legisladores como Daniel Segura y Mirtha Miller remarcaron que en las localidades más vulnerables se observa cómo beneficiarios pasan directamente de cobrar los programas a las salas de juego.
Algunos incluso manifestaron que acompañarían proyectos más radicales para cerrar los casinos en la provincia.
Reparos y cuestionamientos planteados
Los diputados que se opusieron expresaron objeciones de carácter constitucional, legal e ideológico.
- José Gauffín calificó la norma como “discriminatoria”, con reparos de constitucionalidad y de legalidad. Argumentó que:
- El registro de beneficiarios requiere datos nacionales y la provincia no tiene potestad para acceder a esa información.
- Se vulnera la ley de habeas data, ya que los datos personales serían entregados a concesionarios privados de casinos.
- Atenta contra las libertades consagradas en los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional.
- Consideró que es una visión de “Estado paternalista”, en vez de promover una sociedad libre.
- Roque Cornejo, por su parte, cuestionó la iniciativa como una muestra de “Estado hipócrita”, y sostuvo que si el objetivo es atacar el problema del juego, debería plantearse la prohibición total de casinos en la provincia.
El trasfondo del debate
Más allá de la protección de fondos estatales, la discusión puso sobre la mesa otras problemáticas:
- Ludopatía: reconocida como un flagelo que atraviesa todas las clases sociales, pero con mayor impacto en los sectores más vulnerables.
- Destino de la AUH: mientras algunos ven en la medida una forma de garantizar que llegue a la infancia, otros creen que vulnera la libertad de uso de los recursos.
- Cuestiones legales y de privacidad: la creación de un registro provincial sobre datos nacionales abre un debate sobre la protección de información sensible.
El proyecto ahora pasó al Senado salteño, que deberá revisarlo para definir si se convierte en ley o vuelve a ser discutido.
