Argentina baja la edad de imputabilidad a los 14 años: Todo lo que cambia con la nueva Ley Penal Juvenil

En una sesión histórica y cargada de tensión, el Senado de la Nación convirtió en ley el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil este viernes 27 de febrero de 2026. Con 44 votos a favor y 27 en contra, el oficialismo de La Libertad Avanza, con el apoyo de bloques aliados, logró imponer uno de los proyectos pilares de la agenda de seguridad del presidente Javier Milei. La norma deroga el decreto ley de 1980 y establece que los adolescentes podrán ser juzgados penalmente a partir de los 14 años.

Este avance legislativo se produce en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo, consolidando un triunfo político que el Gobierno define como el fin de la “doctrina del garantismo” en Argentina.

Los puntos centrales del nuevo Régimen Penal Juvenil

La ley sancionada no solo reduce la edad de punibilidad, sino que diseña un sistema integral para el tratamiento de menores en conflicto con la ley penal. Estos son los ejes fundamentales que debés conocer:

  • Baja de imputabilidad: Los adolescentes de 14 y 15 años dejan de ser inimputables y pasan a ser responsables penalmente por sus actos. Antes, el sistema solo contemplaba procesos penales a partir de los 16 años.
  • Penas máximas y prohibiciones: Se prohíbe expresamente la reclusión y la prisión perpetua para menores de edad. La pena máxima de privación de la libertad se fijó en 15 años para delitos gravísimos.
  • Gradualidad de las sanciones: Para delitos menores (con penas de hasta 3 años), el juez podrá optar por medidas alternativas como amonestaciones, reparación del daño, prestación de servicios comunitarios o monitoreo electrónico.
  • Separación estricta de adultos: La ley garantiza que los menores cumplan sus sanciones en centros especializados de resocialización, quedando terminantemente prohibido el alojamiento en dependencias con detenidos mayores de edad.

Impacto presupuestario y el rol de las provincias

Uno de los puntos más debatidos en el recinto fue el financiamiento. Para la puesta en marcha de este sistema especializado, la ley contempla una inversión inicial de aproximadamente $23.739 millones. Los fondos provendrán principalmente del Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación.

Sin embargo, gobernadores de distintas provincias han manifestado su preocupación por la infraestructura necesaria. La normativa exige la creación de institutos con personal especializado en infancia y adolescencia, lo que requerirá convenios específicos entre la Nación y las jurisdicciones locales para garantizar que la ley no se convierta en “letra muerta” por falta de recursos edilicios.

Reacciones: “El que las hace, las paga” frente a las críticas por los DD.HH.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la sanción desde el Senado afirmando que “esta ley está del lado del ciudadano y termina con la teoría de que el delincuente es la víctima”. Tras la votación, la vicepresidenta Victoria Villarruel pidió un minuto de silencio en el recinto por las víctimas de delitos cometidos por menores, un gesto que subrayó la impronta de “mano dura” del oficialismo.

Desde la oposición, el bloque de Unión por la Patria y sectores vinculados a organismos de derechos humanos advirtieron que la medida viola el principio de no regresividad y los tratados internacionales de protección de la niñez. Argumentan que el enfoque punitivo no soluciona las causas de la delincuencia juvenil y que el Estado debería priorizar la inversión en educación y salud.

El contexto político: Un doble triunfo para Milei

La sanción de la baja de imputabilidad se dio de forma simultánea al debate y aprobación de la reforma laboral, otro de los proyectos urgentes de la Casa Rosada. Con estas dos leyes en mano, el presidente Milei se encamina a su discurso del domingo con un inventario de reformas estructurales cumplidas, reforzando su promesa de campaña de imponer “orden y libertad“.

Para los ciudadanos, la aplicación efectiva de la ley dependerá ahora de su reglamentación y de la rapidez con la que se adecuen los tribunales de menores y los centros de alojamiento en todo el país.

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