Una investigación judicial que involucra a dos exfuncionarios de la Municipalidad de Castelli tuvo un avance importante en las últimas horas, luego de que la Justicia dispusiera allanamientos en propiedades vinculadas a los imputados para buscar elementos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Los investigados son Laura Olguín, exsecretaria de Tierra y Vivienda, y Sebastián Prediger, quien también se desempeñó en el ámbito municipal. Ambos se encuentran coimputados en una causa que se inició a partir de una denuncia impulsada por el intendente Francisco Echarren.
De acuerdo con la información difundida este jueves 17 de septiembre, los procedimientos fueron realizados con participación policial y de peritos, con el objetivo de reunir pruebas y establecer si materiales comprados para la construcción de viviendas públicas terminaron siendo utilizados en una obra privada vinculada a los investigados.
Uno de los principales puntos que intenta esclarecer la Justicia está relacionado con la construcción de 83 viviendas del barrio Curita, obra que estuvo bajo responsabilidad del área que encabezaba Olguín. La investigación busca determinar si ladrillos, hierros y otros elementos adquiridos para esas casas tuvieron un destino diferente al previsto. También se analizan las coincidencias temporales entre el avance y posterior paralización de la obra pública y la construcción de una propiedad privada.
Otro aspecto de la causa involucra a 28 techos que habían sido pagados por la Municipalidad y que no fueron entregados en tiempo y forma. Según informó la comuna, esta situación derivó en una denuncia penal y posteriormente en la restitución de materiales cuyo valor fue estimado en aproximadamente $300 millones.
La investigación sobre Prediger incluye además el destino que habría tenido dinero obtenido por la venta de materiales reciclables de la planta municipal. Esos recursos debían beneficiar a trabajadores mediante un bono. Según la información incorporada a la causa y difundida por el Municipio, alrededor de 20 empleados podrían aportar testimonios acerca de la venta de esos materiales y del supuesto incumplimiento en el pago correspondiente.
A esto se suma otra línea investigativa relacionada con la proyectada compra de una pala cargadora municipal, operación sobre la cual se analiza un posible sobreprecio cercano a 12.000 dólares. La administración municipal informó que aquella contratación fue anulada y que posteriormente adquirió una máquina equivalente por un monto menor.
Desde la Municipalidad remarcaron que la causa se encuentra formalmente en manos de la Justicia y señalaron que aportaron documentación y otros elementos para contribuir con la investigación. Los allanamientos constituyen ahora una nueva medida destinada a determinar qué ocurrió efectivamente con los materiales y recursos públicos investigados.
Olguín y Prediger se encuentran imputados dentro de una investigación en curso, por lo que las responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia y rige para ambos el principio de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
