La decisión de la Provincia de Buenos Aires de actualizar la segunda cuota del impuesto Inmobiliario Rural encendió el malestar de los productores, que advierten la falta de una ley fiscal vigente para 2025 y cuestionan la legalidad del mecanismo utilizado.
El incremento del Inmobiliario Rural
En la segunda boleta de este año, el impuesto subió un 9,3 % respecto al mismo período de 2024. Este ajuste se basó en las facultades delegadas al gobernador Axel Kicillof mediante la prórroga de la ley fiscal y del presupuesto del ejercicio anterior, que permiten actualizar las cuotas de acuerdo con la inflación y la tasa pasiva del Banco Provincia.
Reclamos del sector agropecuario
- Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) denunció que la prórroga de facultades fue para 2024, no para 2025, y calificó la medida como “extraña y realmente ilegal”.
- Los productores advierten incertidumbre sobre los valores de la tercera y cuarta cuota, así como sobre la posible implementación de una quinta cuota a fin de año, que implicaría un 25 % adicional de una sola vez.
- Alertan también por el impacto en Ingresos Brutos, donde la falta de actualización de los mínimos no imponibles dejó tributando a pequeños productores que hasta 2024 estaban exentos.
Impacto en la facturación y exenciones
En 2024, muchos productores con facturación baja (por ejemplo, hasta 300 vacas) quedaban exentos de ciertos tributos. Con los mínimos sin actualizar, ahora tributan por la totalidad de sus cuentas, lo que incrementa la presión fiscal sobre la actividad.
Defensa de ARBA
Desde la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) sostienen que, al pagar de forma anual y anticipada, el impuesto sigue siendo equivalente al de 2024. Además, resaltan que el descuento del 15 % por pago al contado triplicó la media histórica de acogimientos y que la actualización por cuotas está prevista en la normativa prorrogada.
Propuestas legislativas en debate
El malestar llegó a la Legislatura: diputados de PRO y UCR evalúan proyectos para anular las facultades delegadas y forzar la discusión de un nuevo presupuesto y ley impositiva. Mientras tanto, los representantes rurales mantienen reuniones con el ministerio de Desarrollo Agrario para exigir una solución política inmediata.
