Si querés saber cómo administra la provincia de Buenos Aires sus propiedades o qué pasa ante el uso irregular de espacios estatales, se puso en marcha un cambio normativo clave.
A través del Ministerio de Economía bonaerense, el Ejecutivo oficializó la implementación del Registro de Bienes Inmuebles del Dominio Público, establecido bajo la Ley N° 15.558.
Organismos a cargo de la gestión y calificación técnica
La nueva normativa asigna roles concretos a dos áreas estratégicas de la administración económica provincial:
- Dirección Provincial del Registro de la Propiedad: será la autoridad encargada de poner en funcionamiento el registro y emitir las disposiciones técnico-registrales.
- Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales: asumirá la recepción de antecedentes, la calificación jurídica de las propiedades y su posterior incorporación formal.
Se considerarán bienes de dominio público aquellos de titularidad provincial afectados al uso público o los que tengan ese carácter asignado formalmente por ley.
Relevamiento integral en los tres Poderes del Estado
El esquema exige un inventario exhaustivo en todo el territorio para identificar y regularizar las propiedades que integran el patrimonio público.
Para ello, las dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán reportar todos los inmuebles bajo su órbita o custodia.
Cada organismo tendrá que aportar antecedentes catastrales, cartográficos y técnicos, además de precisar el uso actual, destino y eventuales concesiones otorgadas.
Poder de policía directa y uso de la fuerza pública
La resolución otorga a la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales poder de policía administrativa con fuerza ejecutoria.
Ante cualquier conducta que modifique, perturbe o afecte los inmuebles públicos, el organismo podrá intervenir directamente sin dilaciones.
Las medidas para restituir las condiciones preexistentes se ejecutarán de forma directa y a costa del infractor, pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública.
Sanciones financieras y costos a cargo del infractor
El nuevo sistema busca desalentar las ocupaciones indebidas, modificaciones no autorizadas o usos comerciales sin concesión en predios provinciales.
Todas las erogaciones económicas que demande la reparación o liberación de los espacios serán cobradas a quienes cometan la infracción.
Con este registro unificado, la Provincia busca garantizar la protección del patrimonio público y transparencia en la custodia de los bienes estatales.
