La actividad legislativa en el Congreso de la Nación vuelve a encenderse por iniciativa directa del Poder Ejecutivo. El Gobierno nacional oficializó el envío de una nueva tanda de reformas estructurales compuesta por cuatro proyectos de ley clave que buscan reconfigurar aspectos económicos, sociales y de transparencia institucional en el país.
Esta batería de iniciativas representa el tercer paquete de proyectos remitido por la gestión de Javier Milei desde el inicio del período de sesiones ordinarias. A través de un anuncio formal, las autoridades libertarias confirmaron que los textos ingresarán de forma inmediata para reactivar el debate en ambas cámaras y acelerar la agenda de reformas.
Súper-RIGI: la gran apuesta para potenciar las grandes inversiones
El corazón económico de este paquete legislativo es el denominado Súper-RIGI. Se trata de una ampliación y profundización del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones sancionado previamente, diseñado con el objetivo de consolidar la llegada de capitales de gran envergadura al territorio argentino.
La nueva normativa introduce beneficios fiscales y aduaneros más agresivos para los proyectos estratégicos de infraestructura, energía y minería. Entre los puntos más destacados, el proyecto busca unificar criterios impositivos federales: limitará el cobro de la alícuota de ingresos brutos a un tope máximo del 0,5% en todas las provincias que decidan adherirse al sistema. Asimismo, el texto prohíbe explícitamente a los municipios la aplicación de tasas de seguridad e higiene o contribuciones sobre ventas que funcionen como impuestos encubiertos, otorgando una mayor previsibilidad de costos a los inversores privados.
Regulación del Lobby: mayor transparencia en los despachos públicos
El segundo proyecto que forma parte del paquete es la Ley de Lobby, una normativa que busca regular formalmente la gestión de intereses en el ámbito de la administración pública nacional. La Casa Rosada argumenta que es indispensable transparentar las relaciones institucionales del Estado con los distintos sectores corporativos o civiles.
La legislación propuesta establece la obligatoriedad de dar publicidad a todas las audiencias, reuniones y encuentros oficiales que mantengan los funcionarios públicos con personas, empresas u organizaciones que representen un interés económico o sectorial determinado. A través de un registro digital de acceso público, los ciudadanos podrán conocer quiénes solicitan las reuniones, en representación de qué firmas lo hacen y cuál es el objetivo específico de cada intercambio formal.
Ley de Ludopatía y cambios profundos en el Etiquetado Frontal
Las dos iniciativas restantes del paquete abordan problemáticas de salud pública, consumo y protección a los sectores más vulnerables:
- Ley de Ludopatía: Enfocada de manera directa en combatir el avance de las apuestas digitales y el juego ilegal, especialmente entre los adolescentes. El proyecto contempla regulaciones estrictas sobre los canales de publicidad de los casinos virtuales, mayores controles de identidad biométrica para el ingreso a las plataformas y restricciones financieras para evitar el uso de fondos vinculados a asignaciones sociales en portales de apuestas.
- Modificaciones al Etiquetado Frontal: Tras un profundo análisis de los resultados del sistema actual de octógonos negros, el Ejecutivo propone reformas a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. El propósito de los cambios técnicos es flexibilizar ciertos parámetros de advertencia y armonizar la normativa nacional con los estándares de comercialización vigentes en el Mercosur, evitando que los sellos excesivos actúen como una barrera comercial para las pymes alimenticias locales.
Con el ingreso formal de estos cuatro proyectos de ley, el oficialismo busca retomar la iniciativa política en el Congreso, forzando a la oposición a discutir una agenda enfocada en la desregulación, la atracción de divisas y la transparencia del sector público.
