Pinamar: Rechazan la recusaciĆ³n de Yeza contra el Juez Federal de Dolores y lo citan a indagatoria

Francisco DĆ­az

La Cámara Federal de Mar del Plata ratificó hoy al juez federal subrogante de Dolores Martín Bava en la causa que investiga al intendente macrista de Pinamar, Martín Yeza, por la supuesta comisión de irregularidades con el uso de la tarjeta Alimentar, informaron fuentes judiciales.

Tras el rechazo de la recusación de Yeza contra el magistrado, se dispuso que el intendente sea indagado el 17 de noviembre, tres días después de las elecciones legislativas generales, añadieron los voceros.

“Coincidimos con el juez recusado que no median razones objetivas que permitan sostener que el mismo ha sido parcial en el trámite del sumario, encontrándose debidamente garantizados los derechos que asisten al imputado a fin de ser juzgado por un juez imparcial”, dijeron en su resolución los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez.

La Cámara marplatense debe resolver además el próximo viernes la recusación de Bava planteada por el expresidente Mauricio Macri en el expediente en el que es investigado por supuesto espionaje a familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

La causa en la que está imputado Yeza se abrió en marzo último, luego de una denuncia por supuestos gastos hechos por terceras terceras personas y no por los titulares a cuyo nombre estaban las tarjetas Alimentar emitidas por el Gobierno nacional.

Las tarjetas eran entregadas a los municipios que debían custodiarlas y repartirlas a los beneficiarios. En este caso, se trata de unas 55 tarjetas por un monto de alrededor de dos millones de pesos.

Yeza, de Juntos por el Cambio, estaba citado para el 4 de noviembre, pero interpuso la recusación. Ahora que la cuestión fue resuelta por la Cámara marplatense se dispuso la indagatoria para el 17, de manera virtual.

En el fallo los camaristas señalaron que Yeza habló de una “sospechosa premura en el marco de la campaña electoral”, de la “pretensión inamovible de llevarme a un proceso ilegítimo en el que se trasluce una intencionalidad suprajurídica” y del “objetivo de ocasionar un daño en mi imagen pública en momentos que el daño a mi persona que produce en el proceso electoral denota una falta de republicanismo que debe evitarse”.

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