El organismo provincial emitió un comunicado oficial para aclarar el alcance del Decreto 787/2025, que derogó la norma que desde 1993 establecía un sistema de supervisión sobre los aumentos en los colegios privados en todo el país. Esta medida ha generado preocupación y confusión entre las administraciones educativas y las familias.
Detalles de la derogación del decreto nacional
Según explicó la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), la medida nacional no altera la situación de las escuelas privadas que reciben aportes del Estado provincial. En estos casos, los aranceles continuarán sujetos a la autorización previa y al control de la dirección, tal como lo establece la normativa bonaerense vigente.
En la provincia de Buenos Aires, más del 70% de los colegios privados cuentan con subvención estatal, por lo que seguirán beneficiándose de los topes y mecanismos de supervisión que determinan los incrementos de matrículas y cuotas. En contraste, las instituciones que no reciben subsidios quedan comprendidas en el nuevo esquema de desregulación, lo que les permite fijar libremente los valores de sus cuotas.
Con la nueva disposición, las escuelas no subvencionadas quedan exentas de la obligación de informar anualmente -normalmente en octubre- sobre los montos de matrícula y cuotas del ciclo siguiente. Esto implica que pueden definir sus aranceles sin necesidad de comunicar ni requerir la aprobación de las autoridades educativas.
Reacción de la Asociación de Institutos Privados de Argentina
Frente a esta situación, la Asociación de Institutos Privados de Argentina (AIEPA) manifiesta su apoyo a la derogación del Decreto 2417/1993. Según el secretario ejecutivo, Martín Zurita, esta decisión representa “un paso importante hacia la modernización del régimen aplicable a las instituciones sin aporte estatal”. Zurita argumenta que la medida proporciona condiciones de mayor flexibilidad para estas escuelas a nivel nacional.
AIEPA considera que la normativa derogada había impuesto procedimientos burocráticos que eran insostenibles y desactualizados frente a la realidad económica del país, generando incertidumbre tanto para las instituciones educativas como para las familias.
Implicaciones para los colegios privados en Buenos Aires
La DGCyE enfatiza que “toda modificación arancelaria en instituciones que reciben aporte estatal deberá ser previamente autorizada por las autoridades provinciales”, asegurando que el control de los valores educativos seguirá vigente para gran parte del sistema privado bonaerense.
Con la entrada en vigencia del nuevo decreto, se abre un periodo de adaptación para las escuelas privadas que no reciben subsidios, que a partir de ahora gozan de autonomías en la definición de sus políticas de precios, un cambio que podría impactar significativamente en las familias y en el acceso a la educación privada en la región.
