El tema de la rifa de las escuelas rurales de Chascomús y el Fallo Judicial que condena a la Municipalidad de tal ciudad continúa ocupando espacio en los medios periodísticos.
El diario “El Día” de La Plata se efectúa una publicación al respecto, de la siguiente manera:
“La estafa con una rifa pone en jaque al municipio de Chascomús Fue organizada por tres escuelas y se sorteó un campo.
Pero las ganadoras nunca lo pudieron escriturar. Y están a punto de ganar el juicio
Si Chascomús ya afrontaba dificultades financieras producto de la división del distrito hace algunos años para dar lugar a la creación de Lezama, en poco tiempo más podría ver agravada esa situación.
Es que pende amenazante sobre la administración municipal un juicio millonario –se habla de unos 100 millones de pesos-iniciado en 1998 por dos vecinas que ganaron una rifa pero que nunca pudieron obtener el premio que estaba en juego: nada menos que un campo.
La historia se remonta a 1995 cuando tres escuelas rurales del distrito pidieron autorización al municipio, a cargo por entonces del ex intendente Juan Carlos Salas, para efectuar un sorteo de 1.000 números cuyo premio era una fracción de terreno de 327 hectáreas.
Las vecinas Sonia Della Vedova de Godoy y Clorinda del Carmen Gallego de Sandoni compraron entonces cinco rifas para el primer premio de un campo sojero a un precio total de 700 dólares.
Cuando en la Lotería Nacional salió el 2.300 que las convirtió en ganadoras no se imaginaban las dificultades a las que se enfrentarían para poder hacerse del premio.
La rifa fue de un campo de 327 hectáreas valuado en 15 mil dólares cada una.
Se calcula que entre daños y lucro cesante, la carga del municipio será de unos 100 millones de pesos La gestión comunal de ese momento cometió dos irregularidades, según estableció la Justicia: la de permitir la venta de 2.000 números en lugar de los 1.000 avalados por la ordenanza que dio vía libre a la rifa, y la de no verificar que el campo estuviese escriturado, ya que el inmueble sólo contaba con un boleto de compra venta, tramitado por un particular quien había comprado el campo y organizado la rifa y quien antes del sorteo hipotecó el inmueble.
Esto provocó que las dos vecinas poseedoras del número ganador no pudieran escriturar el bien a su nombre. Incluso, tiempo después del sorteo, la fracción terminó siendo rematada judicialmente y ahora está en manos de otro particular ajeno a la cuestión.
Tiempo después se firmó un acuerdo entre las ganadoras y el organizador de la rifa que puso plazo para la escrituración. Pero ese pacto tampoco se cumplió.
De ese intento de arreglo se tomaron las autoridades municipales en las distintas apelaciones para sostener que el incumplimiento no podía imputarse a la comuna.
En 1998 las compradoras del número ganador iniciaron una demanda en los tribunales de La Plata para reclamar la escrituración del campo, la indemnización por los daños y el reconocimiento del lucro cesante por la imposibilidad de explotar la tierra.
En primera instancia, el caso cayó en el Juzgado Civil y Comercial Nº 27, que, haciendo lugar a la demanda de las vecinas, condenó a las cooperadoras de las escuelas rurales, a la Provincia y al particular organizador de la rifa a escriturar el inmueble, pero, a su vez, hizo responsable a la Municipalidad de forma integral por la irregularidad y la condena al pago de los daños y perjuicios y el lucro cesante.
El fallo fue apelado y ratificado por los jueces de Cámara, y a principios de año tomó la misma posición la Suprema Corte.
Ahora, el juicio está en la Corte Suprema de Justicia, a punto de finalizar.
Si bien se realizaron presentaciones de carácter penal por la cuestión, respecto del juicio civil, en caso de que el Máximo Tribunal confirme lo fallado hasta ahora, la escrituración del bien a la que fueron condenados las cooperadoras, la Provincia y el organizador será de imposible cumplimiento, por haberse vendido a quien lo compró en un remate judicial.
Sólo resta por parte del municipio cargar con el pago del monto del campo, el lucro cesante y las costas.
La cifra calculada en ámbitos de la comuna es la de 15 mil dólares por hectárea, de un campo de 327, que sumando las consecuencias por el retraso de la entrega a las ganadoras, convertiría la carga del municipio a más de 100 millones de pesos.
Los funcionarios actuales, que heredaron las consecuencias de lo ocurrido, albergan pocas expectativas de que el máximo tribunal de justicia del país dé marcha atrás con los fallos anteriores.
El fallo condena al pago de unos 100 millones de pesos únicamente a la Municipalidad. Y es absolutamente exagerado que sólo la administración municipal aparezca como única responsable de la estafa, porque está claro que no organizó la rifa, no recibía ningún beneficio y no se quedó con la plata”, interpretó el actual jefe comunal, el radical Juan Gobbi.
El jefe comunal cuestionó que la Provincia “no resultó condenada, cuando el Consejo Escolar, que depende de la órbita provincial, intervino en la autorización de la rifa”.
Al mismo tiempo, reclama a la comuna de Lezama, que en ese momento formaba parte de Chascomús, ya que la división de ambos distritos ocurrió en 2011, a que se siente en una mesa tripartita con la Provincia a delinear una solución de responsabilidad compartida.
“Este juicio va a producir una distorsión en las finanzas que podría paralizar el municipio”, le dijo Gobbi a este diario (El Día).
Algunos datos dibujan más acabadamente la situación. Si la condena es finalmente ratificada en la Corte Suprema, el municipio debería afrontar en soledad unos 100 millones de pesos, cuando su presupuesto anual ronda los 250 millones.
Es decir, se transformaría en una obligación prácticamente impagable.
Por estas horas, la administración municipal llevó todos los antecedentes del caso al gobierno bonaerense,
De hecho, Gobbi se reunió hace algunos días con la ministra de Gobierno Cristina Alvarez Rodríguez a quien reclamó que la Provincia salga en ayuda de Chascomús en caso de que la condena sea ratificada. “Resulta innegable la responsabilidad del fisco de la Provincia tomando en consideración que las escuelas y sus cooperadoras carecen de personería jurídica y dependen de la Dirección General de Escuelas”, justifican en el municipio
En el municipio creen que el juicio está “prácticamente perdido”.
Por lo que ahora están planteando que la deuda millonaria que debería afrontar Chascomús se divida entre tres actores: esa comuna, la Provincia y el nuevo distrito de Lezama.
Es que cuando se autorizó la rifa, Lezama formaba parte de Chascomús.
Y como el traspaso de bienes y acreencias de una comuna a la otra aún no se concretó, sostienen que parte de la deuda debe ser atendida por Lezama.
“El traspaso es con beneficio de inventario”, dicen los funcionarios municipales de Chascomús. “Debemos lograr que la justicia comprenda la necesidad de repartir responsabilidades”, sostuvo Gobbi.
Por lo pronto, en Chascomús ya pidieron la creación de un Fondo de Reparación, tal como se hizo con la división de otros distritos de la Provincia.
Y ya hablan de la idea de que la Provincia envíe a la Legislatura un proyecto para la emisión de un bono que contribuya al salvataje.
Pero el caso tiene tintes novelescos, cargados de ironías y paradojas.
El campo que se rifaba y que fue comprando en un remate, está en el actual territorio de Lezama. Y las dos mujeres ganadoras de la rifa que iniciaron la demanda, también viven en esa localidad.
(Diario “El Día)
