San Andrés de Giles se convirtió en el centro de la polémica luego de que se conocieran una serie de vacunaciones irregulares. Aseguran desde medios de esa localidad bonaerense que las primeras dosis las recibieron dos concejales del oficialismo.
Laura Branchini y Mariana Cané (Frente de Todos) junto con otras 20 personas que no forman parte del personal de salud, fueron inoculados con la Sputnik V en la etapa inicial, donde la prioridad eran médicos, enfermeros y todo el que constituya la cartera sanitaria.
Desde la oposición acusaron a las funcionarias de arbitrar “los medios necesarios para obtener un beneficio personal. No se cumplió con el protocolo correctamente, porque reconocen que se abrían los frascos sin tener a las personas presentes”, denunció Mercedes Condesse, presidenta del bloque de concejales de Juntos por el Cambio.
¿Cuáles fueron las resoluciones del hecho?
“La Secretaría de Salud informa que a raíz de los sucesos de público conocimiento, en el día de hoy, luego de un exhaustivo análisis de la situación, y habiéndose detectado la vacunación por COVID-19 de personas no incluidas en esta etapa de la campaña de inmunización, se ordenó la sustanciación del sumario administrativo correspondiente a los fines del esclarecimiento de los hechos y la determinación de la responsabilidad de los agentes municipales involucrados”, publicó el municipio desde sus redes sociales.
A su vez, gran parte de la sociedad piden explicaciones y la renuncia de Branchini, Cané y Romero, mientras que el oficialismo sólo se limitó a apartar del cargo a la enfermera Sandra Cabral, encargada del sector de vacunación, y que aseguran que se trataba de “un hecho político orquestado por el secretario de Salud, que pretendía reemplazarla para darle su puesto a otra persona”.
La opinión desde la oposición
Mercedes Condesse aseguró que: “El director del hospital reconoció públicamente que fueron vacunadas las dos concejalas, que son dos chicas jóvenes y que gozan de muy buena salud. No dio ningún justificativo. Además, sabemos que los sumarios administrativos nunca se resuelven, es una forma de zafar en el momento”.
“Son funcionarias públicas que ejercieron su poder y obtuvieron un beneficio que no les correspondía en detrimento de la sociedad de San Andrés de Giles, que por ahora recibió 400 dosis para 24.000 habitantes. También fueron vacunadas de manera irregular otras personas, que aparentemente son amigos y parientes, o sea que tienen que ver con el poder político local. ”, explicó la presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio.
“Además no se cumplió con el protocolo correctamente, porque reconocen que se abrían los frascos sin tener a las 5 personas presentes”, denunció Condesse.
“La sociedad de Giles sufrió mucho, como todo el país. El municipio está paralizado, porque recién abrieron algunas actividades, y pusieron la salvación en la cuarentena o en la vacuna. Cuando llegó la única herramienta para paliar esta situación, la usaron mal”, apuntó Condesse.
