La ambiciosa reforma electoral que Javier Milei envió al Congreso de la Nación entró en una zona de parálisis legislativa. Tras el ingreso del proyecto de ley compuesto por 78 artículos a la Mesa de Entradas del Senado, los operadores políticos de la Casa Rosada se toparon con una realidad matemática adversa: no cuentan con las voluntades necesarias para sancionar la iniciativa tal como fue redactada originalmente.
Al tratarse de una modificación del régimen político y constitucional, la normativa exige de forma obligatoria una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de las cámaras, lo que equivale a un piso de 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados. Ante la resistencia de los bloques dialoguistas y el rechazo cerrado del peronismo, la mesa chica del Ejecutivo comenzó a diseñar un menú de alternativas políticas para salvar los puntos centrales de su reforma y evitar otra dura derrota parlamentaria.
El núcleo de la reforma y por qué naufraga en la Cámara Alta
El principal escollo en las negociaciones radica en la eliminación definitiva de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El oficialismo argumenta que el sistema actual insume un gasto público innecesario y que los partidos políticos terminan funcionando como emprendimientos económicos de representación espuria. Sin embargo, tanto los gobernadores provinciales como las fuerzas de la oposición intermedia ven en las PASO una herramienta indispensable para dirimir sus propias internas, por lo que cerraron filas para defenderlas.
Además de las primarias, existen otros dos ejes que tensan el debate en las comisiones del Senado:
- El fin del financiamiento público: La propuesta libertaria elimina por completo los aportes económicos del Estado para las boletas y las campañas, habilitando de manera irrestricta el financiamiento de empresas privadas. Las fuerzas con menor estructura territorial denuncian que esto destruirá la competencia y beneficiará exclusivamente a los partidos con grandes aportantes corporativos.
- El regreso de Ficha Limpia: El texto busca prohibir por ley que los ciudadanos con condenas ratificadas por delitos dolosos o corrupción puedan postularse a cargos públicos nacionales. Aunque la iniciativa cuenta con simpatía social, algunos sectores del radicalismo y del PRO cuestionan la redacción técnica enviada por el Ejecutivo.
Las tres alternativas que evalúa la Casa Rosada para destrabar la ley
Ante la falta de números para un avance lineal, la mesa política del oficialismo evalúa sacrificar la rigidez original del texto y optar por un pragmatismo parlamentario que permita salvar al menos una porción del proyecto.
La primera alternativa sobre la mesa es aceptar que las PASO no se eliminen, sino que dejen de ser obligatorias para los ciudadanos. Bajo esta modalidad, los partidos seguirían utilizando el sistema de votación para definir sus listas, pero solo concurrirían a las urnas los afiliados o los votantes que lo deseen de forma voluntaria, lo que reduciría el costo organizativo para el Estado.
La segunda opción consiste en desglosar el megaproyecto en leyes individuales. De esta forma, el Gobierno postergaría la discusión de las PASO y avanzaría de manera inmediata con los dictámenes de los proyectos que sí reúnen consenso mayoritario, como los cambios técnicos sobre la Boleta Única de Papel, la suspensión temporal de las elecciones del Parlasur y la implementación de Ficha Limpia.
Por último, los equipos técnicos evalúan ceder en el apartado del financiamiento, reincorporando un piso mínimo de fondos estatales para la impresión de boletas a cambio de que la oposición apruebe las nuevas causales de caducidad y los plazos de afiliación exigidos a los partidos políticos.
