En la provincia de Buenos Aires avanza un proyecto legislativo que desató un intenso debate entre sectores políticos, productivos y ambientales.
La iniciativa, que rápidamente fue apodada en redes sociales como “el impuesto a los pedos” busca crear una tasa específica sobre las emisiones de gas metano provenientes del ganado, un planteo que rápidamente generó repercusiones dentro del sector agropecuario y abrió una discusión sobre sus fundamentos científicos, su impacto económico y su viabilidad técnica.
El proyecto, impulsado por la diputada bonaerense Lucía Lorena Klug, propone instaurar la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA).
La legisladora fundamenta la iniciativa en el aporte del metano al calentamiento global. En la ganadería, la principal fuente de este gas es la fermentación entérica del ganado vacuno, un proceso biológico donde microorganismos descomponen el alimento y liberan metano, mayoritariamente a través de los eructos y, en menor medida, por las flatulencias. Aunque su permanencia en la atmósfera es más corta que la del dióxido de carbono, su capacidad de generar efecto invernadero se considera entre 28 y 34 veces superior en un horizonte de 100 años.
Según la autora del proyecto, la actividad ganadera bonaerense tiene un peso significativo en estas emisiones y debe asumir un rol activo en la mitigación del cambio climático. El objetivo de la TAMBA es compensar el impacto ambiental del metano generado por el sector y destinar lo recaudado al fortalecimiento de políticas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
La propuesta despertó un rechazo inmediato por parte de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), que calificó la iniciativa como una carga impositiva injustificada sobre una actividad considerada clave para la economía provincial y nacional.
Para la entidad, la implementación del tributo afectaría directamente la rentabilidad del productor, desalentaría la inversión y podría restarle competitividad a la carne argentina en los mercados internos y externos. Su presidente sintetizó la postura en un mensaje contundente: “Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”.
Además de la discusión económica, el sector rural plantea objeciones técnicas de peso. Especialistas y productores coinciden en que resulta extremadamente costoso y prácticamente inviable medir de forma individual la emisión de metano de cada animal o establecimiento.
Esto llevó a que el proyecto proponga un esquema basado en la cantidad de cabezas de ganado, una metodología que CARBAP critica por considerar que no refleja la verdadera eficiencia ambiental del sistema productivo y simplemente grava la existencia del animal sin promover mejoras.
Mientras la iniciativa continúa en debate legislativo, el proyecto ya puso en el centro de la discusión la compleja relación entre sostenibilidad ambiental, productividad agropecuaria y presión impositiva en la provincia de Buenos Aires, un equilibrio que promete generar tensiones en los próximos meses.
