Si tenés cuotas de créditos o planeás pedir un préstamo en los próximos días, el sistema financiero suma una herramienta clave para el cobro automático.
A partir del 31 de agosto de 2026, entra en vigencia obligatoria el Cobro con Transferencia (CCT), un mecanismo para debitar las cuotas desde cuentas bancarias (CBU) o virtuales (CVU).
Cómo funcionará el esquema de débitos automáticos
El usuario deberá vincular la cuenta donde recibirá el dinero y desde la cual se realizarán las extracciones de las cuotas.
El sistema intentará realizar el cobro con un máximo de tres veces, separadas por 48 horas cada una.
Si no hay fondos suficientes tras el tercer intento, la entidad no podrá realizar débitos retroactivos por este medio y deberá pactar otra forma de pago.
Exclusión de fondos invertidos, dólares y criptomonedas
El mecanismo únicamente actuará sobre los saldos disponibles en cuentas con CBU o CVU.
Por este motivo, quedan excluidos los saldos invertidos o remunerados, las tenencias en cuentas comitentes (dólar MEP) y las criptomonedas.
En el caso de las plataformas cripto, solo podrán operar aquellas que dispongan de una CVU directamente vinculada al usuario.
Reclamos de los bancos y las objeciones operativas
Las principales cámaras bancarias solicitaron postergar o directamente cancelar el lanzamiento debido a restricciones de desarrollo.
Entre los cuestionamientos, destacan que todas las cuotas deben ser iguales (sin incluir punitorios por mora automáticamente) y que el sistema no busca fondos en otras cuentas del mismo titular.
Hasta la fecha de implementación, Banco Galicia y una fintech de crédito serían las únicas entidades técnicamente preparadas para activar el servicio.
Contexto de mora y debate por el endeudamiento
La medida se lanza en un escenario donde 6,8 millones de deudores registran atrasos en sus compromisos financieros.
Según datos del sector, los bancos concentran el 81,1% del crédito y el 63% del monto irregular, mientras las billeteras representan el 11,7% del financiamiento y el 16,3% de la mora.
Desde el sector privado advierten que estas exigencias operativas no garantizarán una baja en la morosidad y podrían limitar el acceso a nuevos préstamos.
