La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en conjunto con organismos nacionales y provinciales, realizaron una serie de controles ruteros en la zona de las localidades bonaerenses de Olavarría, Hinojo y Azul. Los operativos se llevaron adelante en camiones de carga con el objetivo de verificar la documentación necesaria para el traslado de mercadería y el cumplimiento de las leyes laborales.
Como resultado de la fiscalización, el organismo conducido por Carlos Castagneto labró 14 actas de infracción y detectó un 47% de irregularidades en la contratación de choferes. Los procedimientos en puntos estratégicos de la provincia de Buenos Aires se dieron en horario diurno y nocturno en automotores que circulaban sobre las rutas nacionales 3 y 226 y las rutas provinciales 60 y 51. Las tareas consistieron en el pesaje de la carga transportada, y los controles de permisos para conducir y de la documentación requerida por la AFIP como la carta de porte electrónica, el remito electrónico harinero y cárnico, remitos y facturas, entre otros.
Por parte de la AFIP participaron agentes dependientes de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS). En tanto, también estuvieron presentes la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de parte del gobierno provincial, miembros de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), del Ministerio de Transporte, de la Subsecretaría de Minería y de la Dirección de Vialidad.
En total, se controlaron 820 camiones, de los cuales un 84% transportaba carga general, y el 16% restante, cereal y ganado. Se labraron 14 actas de infracción y se interdictó la mercadería en los casos que correspondía. En el plano previsional, se controló la situación de 566 choferes de camiones, detectando 265 de ellos (47%) con irregularidades en su situación laboral. Las infracciones detectadas más frecuentes fueron la falta de declaración de los trabajadores y diferencias entre los salarios registrados y los realmente percibidos. Con la información recabada, la AFIP y los organismos intervinientes determinarán si corresponde aplicar sanciones.
