El Gobierno dio de baja más de 27 mil planes sociales debido a irregularidades

Ana Salgueiro

Recientemente, el Gobierno anunció la decisión de desactivar más de 27 mil planes sociales, específicamente los pertenecientes a los programas Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo. La medida se fundamenta en la identificación de “incompatibilidades” durante la revisión de datos y el cumplimiento de requisitos por parte de los titulares de estos programas.

Esta acción responde a la necesidad de garantizar la transparencia y la eficacia en la asignación de recursos, asegurando que los beneficiarios cumplan con los criterios establecidos para recibir estos beneficios sociales.

Más de 27 mil planes dados de baja

El Gobierno comunicó la culminación de una exhaustiva verificación de datos y cumplimiento de requisitos de todos los titulares de los programas Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo, revelando que 27.208 planes Potenciar Trabajo y 12 Potenciar Empleo presentaban incompatibilidades significativas.

Esta acción resultó en la suspensión inmediata de los pagos asociados a estos planes, evitando así una erogación incorrecta de alrededor de 2 mil millones de pesos por parte del Estado nacional.

¿Cuáles fueron las incompatibilidades encontradas?

Dentro de las diversas incompatibilidades detectadas por el Ministerio de Capital Humano, se destacan situaciones como:

  • la percepción simultánea de beneficios de jubilación o pensión
  • la presentación de solicitudes de desempleo
  • la condición de monotributistas categoría C o superior
  • la calidad de trabajadores autónomos
  • incompatibilidad por residencia en el extranjero
  • casos de beneficiarios fallecidos
  • posesión de un automóvil con menos de diez años de antigüedad

El mecanismo de detección de irregularidades se basó en un cruzamiento de información entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (Sinstys), lo que subraya la relevancia de la integración de sistemas para garantizar una gestión eficiente y transparente de los programas sociales, resguardando los fondos públicos de posibles desembolsos incorrectos.

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