A través de una solicitada publicada en el semanario “El Castellense”, el titular de la UDAI- Chascomús de la ANSES, Aldo Segura denunció públicamente un avasallamiento de sus derechos por parte del personal policial del GAD de Castelli, ciudad en la que reside e incluso fue concejal hasta el año 2007.
Segura, refirió que el día 21 de Febrero participó de la fiesta de cumpleaños de un amigo y que con algunos invitados concurrió a la confitería bailable de Castelli.
Al regresar a su domicilio el vehículo que conducía es detenido en un operativo policial de alcoholemia.
Manifiesta el funcionario que detuvo la marcha del automóvil y les expresó a los funcionarios que “no lo haría si no me brindaban las condiciones a las que tengo derecho. 1º) que la boquilla se abra en mi presencia y 2º fundamental, que me permitan observar la fecha del precinto que debe tener el alcoholímetro, pues la misma no puede exceder (por ley) los 6 meses de la renovación del mismo”.
“Esto se producía en un marco normal con los empleados municipales y Policía local, pero se desató el terror, ya que en medio de la conversación se detiene a mis espaldas un móvil del que bajan dos personas y sin mediar palabras me toman por la espalda de ambos brazos, me empujan contra mi propio vehículo y con mucha violencia proceden a esposarme, privándome de mi libertad”- señala en su solicitada Segura –
Agrega posteriormente que “me trasladan al Hospital con la pretensión de sacarme sangre, a lo cual por supuesto me negué ya que si no habían podido garantizar un control básico de acuerdo a la Ley y respetando mis derechos, no puedo permitir me extraigan sangre estando esposado”.
Hizo referencia a la correcta atención por parte del médico, enfermera y personal del Hospital “Dr. Ramón Carrillo” como así también del personal policial de la Comisaría de Castelli.
En su solicitada el titular de la UDAI Chascomús señaló que radicaría la denuncia penal en la Fiscalía de turno, como así también una denuncia administrativa ante las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y hace hincapié “en la gravedad de esta situación que atenta contra el orden institucional en el que existen dos maneras privar de la libertad a una persona, una legal y una ilegal”.
“Para la primera –expresa- es necesaria la presencia de testigos y la inmediata lectura de mis derechos. De no producirse esto estamos técnicamente en una privación ilegal de la libertad”, llevada a cabo por dos funcionarios policiales (del GAD) que se negaron a identificarse, agrega en su solicitada.
Finalmente asevera que esta “fuerza policial que se autoconsidera de Elite, debe estar en Castelli para protegernos y fundamentalmente para atacar el delito en todas sus formas, y no para agredir y privar de su libertad de manera ilegal a los ciudadanos que trabajamos y tenemos todo en regla”.
