Si tenés un inmueble en la provincia de Buenos Aires y su valor cambia por decisiones de zonificación, la Legislatura bonaerense comenzó a debatir una modificación clave.
La iniciativa impulsada por el bloque de La Libertad Avanza (LLA) busca suprimir el carácter obligatorio de la contribución que cobran los municipios a los propietarios.
Modificación de la Ley de Hábitat y piso obligatorio del 10%
El proyecto del diputado provincial Oscar Liberman propone reformar la Ley de Hábitat bonaerense vigente para que las intendencias no tengan la obligación de cobrar esta tasa.
En la actualidad, si la normativa municipal habilita mayor altura o desarrollo comercial y la parcela sube de valor, el Estado local debe retener un piso del 10% de esa revalorización.
La propuesta busca eliminar el cobro compulsivo y dejar la facultad de aplicarlo o no en manos de cada Concejo Deliberante.
Asimetría en la valoración y el riesgo de los propietarios
Uno de los ejes principales planteados en los fundamentos cuestiona que el Estado actúe como socio únicamente frente a la ganancia de valor del terreno.
Si una regulación local genera que el precio de la propiedad caiga, el municipio no absorbe el perjuicio y la pérdida queda a cargo del dueño.
A su vez, la iniciativa remarca que un incremento de precio no representa una ganancia real mientras el dueño no venda o desarrolle el inmueble.
Factores de mercado y la teoría del valor en inmuebles
El texto sostiene que la suba del precio de un terreno no responde siempre a un permiso administrativo, sino a inversiones privadas y demandas del entorno.
Al basarse en la teoría subjetiva del valor, el proyecto remarca que los bienes adquieren precio según la utilidad y preferencia asignada por las personas.
Por lo tanto, se argumenta que cambiar una norma urbanística no genera de forma directa un valor físico incorporado a la propiedad.
Excepciones para obras públicas y de infraestructura
La iniciativa libertaria no cancela los cobros por obras públicas con beneficio directo en determinados sectores ni la infraestructura exigida a desarrolladores.
En esos escenarios existen costos concretos identificables que las empresas o propietarios deben afrontar según el avance del proyecto.
El objetivo central es evitar que la potestad del ordenamiento territorial se utilice como un mecanismo de financiamiento del gasto público.
