Un grave episodio de presunta defraudación inmobiliaria conmociona a la comunidad de Chascomús tras la denuncia pública y judicial de Susana González, una jubilada de 78 años que asegura haber sido víctima de un engaño sistemático. La damnificada sostiene haber entregado una suma cercana a los 259.000 dólares a un intermediario con el fin de adquirir una vivienda, operación que jamás se formalizó.
El origen del conflicto y la relación de confianza
Los hechos bajo investigación comenzaron en el año 2021. Según el relato de la denunciante en FM Por Siempre, el vínculo con el acusado, identificado como Gustavo Mauri, se inició bajo una fachada de extrema confianza personal. González, quien buscaba reinvertir el dinero obtenido de la venta de un inmueble familiar, pretendía asegurar el futuro económico de sus hijas, hoy fallecidas.
La víctima describió ante la justicia cómo el agente inmobiliario logró sortear sus sospechas mediante gestos de cercanía personal. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y las restricciones propias de la pandemia, las promesas de escrituración comenzaron a dilatarse. Al ser confrontado, el acusado habría presentado documentación irregular y desactualizada que no coincidía con el inmueble originalmente pactado.
Un punto de inflexión en la investigación surgió cuando la denunciante descubrió que la vivienda que supuestamente estaba adquiriendo presentaba irregularidades de titularidad. Según el relato de González, la propiedad en cuestión estaba vinculada a otra persona residente en la localidad de Lezama, lo que generó una confusión documental que impidió cualquier avance legal legítimo sobre el inmueble.
El abogado patrocinante, Matías Morales Novoa, detalló en declaraciones radiales que el daño patrimonial no se limita únicamente a la compra fallida. Además de los dólares y pesos entregados para la adquisición, se investiga la administración de un departamento propiedad de González. De acuerdo a la denuncia, el agente habría percibido cánones locativos que nunca fueron transferidos a la propietaria, registrándose una falta de pago de al menos diez períodos de alquiler.
Estado de la causa judicial
Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de instrucción bajo la órbita de la Fiscalía N° 10. A pesar de haberse iniciado instancias de mediación previa, las autoridades confirmaron que hasta la fecha no ha existido una propuesta de reparación económica ni un reconocimiento de los hechos por parte del denunciado.
“Yo reclamo lo mío”, sentenció Susana González, quien a sus 78 años enfrenta este proceso legal con el objetivo de recuperar los ahorros que hoy resultan indispensables para su propio sustento. La justicia deberá determinar ahora la responsabilidad penal del agente en lo que se perfila como uno de los casos de estafa inmobiliaria de mayor cuantía en la ciudad de la emblemática laguna durante los últimos años.
Crédito FM POR SIEMPRE
