El submarino ARA San Juan (S-42) se hundía hace seis años, un 15 de noviembre de 2017, en las profundidades del Atlántico Sur como consecuencia de una serie de desperfectos técnicos que desencadenaron una tragedia en la que murieron sus 44 tripulantes.
El sumergible fue construido a principios de la década de 1980 en el astillero alemán Thyssen Nordseewerke y contaba con 65 metros de eslora (el largo del buque), un diámetro de casco resistente de siete metros y era propulsado por cuatro motores diésel MTU 16 V de 6720 HP.
El San Juan tuvo una reparación de media vida que se extendió entre 2007 y 2014 en el complejo Tandanor, tarea que incluyó más de 600 trabajos, entre ellos el replacado de las 960 baterías y el reemplazo de sus cuatro motores.
El 8 de noviembre de 2017, la nave había partido desde la base naval de Ushuaia en una misión de patrullaje por el litoral marítimo argentino, y se sabe que un día antes de su desaparición reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio en su sala de máquinas, que resultó subsanado por la tripulación.
“Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N° 3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barra de baterías. Baterías de proa fuera de servicio al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado”, comunicó el comandante del ARA San Juan, el capitán de fragata Pedro Martínez Fernández, a la 7.30 del 15 de noviembre de 2017.
Por la noche del día 16, los medios de comunicación informaron que las autoridades habían perdido contacto con el submarino, cuando la nave se encontraba a 432 kilómetros de la costa patagónica, a la altura del Golfo San Jorge.
Horas más tarde, el Ministerio de Defensa reconoció el extravío de la nave, y activó el protocolo SAR para la búsqueda y rescate de embarcaciones.
El Gobierno solicitó ayuda internacional y navíos de Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Perú, Uruguay y Rusia participaron de un operativo que se desplegó en un área de más de casi 500.000 kilómetros cuadrados.
Con las operaciones en marcha, el 23 de noviembre, el vocero de la Marina, capitán de fragata Enrique Balbi, informó a la prensa que la Marina de los Estados Unidos y la Organización del Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), con sede en Viena, Austria, habían detectado “un evento anómalo, corto y consecuente con una explosión/implosión” en la zona por la cual navegaba el sumergible.
El 30 de noviembre el Ministerio de Defensa admitió que no había posibilidades de encontrar con vida a los marinos.
Dos días después del primer aniversario de la desaparición, los restos de la embarcación fueron encontrados por el buque noruego Seabed Constructor, perteneciente a Ocean Infinity, una firma estadounidense especializada en rescates y exploraciones subacuáticas, contratada por el Gobierno nacional para llevar adelante la búsqueda con dispositivos capaces de operar en profundidades de hasta 6 mil metros.
La localización se produjo en un área muy próxima al lugar en que se había registrado el último contacto y al sitio en el que la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares reportara durante los primeros días de búsqueda un “evento anómalo, singular, corto, violento, y no nuclear, consistente con una explosión”.
De esta manera, el buque clase TR-1700 de la Armada Argentina, de 66 metros de largo, fue detectado completamente deformado e implosionado a 460 kilómetros al este de las costas de Chubut, tras un proceso de búsqueda que se extendió a lo largo de un año y que contó con el apoyo de las marinas de cerca de 20 países que llegaron hasta nuestras aguas con el único propósito de ayudar.
