“No fue un aborto, sino una cesárea”

Francisco Díaz

Fuentes oficiales de la provincia de Tucumán habían informado que a una nena de 11 años que estaba embarazada por una violación intrafamiliar se le practicaría una interrupción legal del embarazo (ILE), pero cuando se suponía que eso iba a ocurrir, se avanzó sorpresivamente con la cesárea. Fue porque las autoridades sanitarias de la provincia ordenaron que se hiciera lo necesario para intentar “salvar las dos vidas”.

La médica que junto a su esposo, también médico, llevó adelante la intervención, contó que recibieron amenazas, que la nena de 11 años se encuentra en buen estado de salud, aliviada, y que su madre está agradecida.

Uno de los primeros medios nacionales en dar cuenta que se le había practicado la interrupción legal del embarazo fue Telefe.com, y a partir de allí muchos portales, incluído INFOZONA, reprodujeron tal información que resultó ser inexacta habida cuenta que a último momento se determinó practicar la intervención. En consecuencia, solicitamos disculpas por el error cometido en la reproducción de una información cuya fuente es TELEFE.

Hasta la noche del martes estaba firme la certeza de que a la menor le realizarían una interrupción legal del embarazo. Era lo que había informado el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) tucumano. Pero finalmente se realizó una cesárea en cumplimiento de una orden que llegó desde ese mismo organismo, que indicó “salvar las dos vidas”. La decisión implicó, a su vez, el incumplimiento del derecho de la víctima a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) descripta en el Código Penal Argentino.

La noticia generó indignación en distintos organismos de derechos humanos que habían denunciado las múltiples presiones que recibió la nena para continuar el embarazo, lo que demoró al menos un mes la decisión —ahora frustrada— de aplicarle una ILE, y puso a la niña en una situación de enorme vulnerabilidad física y psicológica.

Tucumán es la única provincia del país que no adhirió al protocolo de la ILE y se declaró “provincia Pro Vida”. Tampoco nunca adhirió al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (ley de 2002).

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