La delicada situación financiera atraviesa sin distinción a los 135 distritos de la Provincia de Buenos Aires, donde los intendentes enfrentan un escenario cada vez más complejo para sostener el funcionamiento cotidiano de sus comunas. La combinación de una baja en los recursos coparticipables y una marcada reducción en la recaudación de tasas locales está generando fuertes tensiones en las cuentas municipales.
En este contexto, días atrás las administraciones locales comenzaron a recibir la primera de las cinco partidas del Fondo de Fortalecimiento Municipal, una herramienta aprobada por la Legislatura provincial hacia fines del año pasado con el objetivo de aliviar las finanzas distritales. Sin embargo, lejos de traer alivio real, desde distintos municipios advierten que estos montos tienen un impacto limitado frente a la magnitud de la crisis.
Puertas adentro, funcionarios reconocen que si bien cualquier ingreso adicional resulta necesario, lo transferido no alcanza para impulsar obras ni proyectos de envergadura. Por el contrario, anticipan que el destino principal de esos recursos será cubrir compromisos básicos, como el pago de salarios y el medio aguinaldo.
“Hay que empezar a guardar ahora, porque si no después no llegamos”, deslizó un jefe comunal del interior, reflejando la preocupación generalizada por sostener las obligaciones con los trabajadores municipales en los próximos meses.
A esta situación se suma otro foco de tensión: versiones que circulan entre intendentes dan cuenta de posibles diferencias en la distribución de fondos, donde distritos alineados políticamente con el gobierno provincial habrían recibido mayores recursos que otros de características similares o incluso más poblados. Este punto, especialmente sensible en el interior bonaerense, genera malestar aunque no haya confirmaciones oficiales al respecto.
Más allá de las diferencias políticas, el diagnóstico es compartido: la demanda social sigue en aumento mientras los recursos disponibles se reducen, obligando a las gestiones locales a priorizar gastos esenciales y postergar inversiones clave. El panorama, coinciden, abre interrogantes sobre la capacidad de los municipios para sostener servicios y responder a las crecientes necesidades de la población en el corto plazo.
