La provincia de Buenos Aires se sumó al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), que el Ministerio de Salud de la Nación, dirigido por Gines González García, puso en vigencia tras haber sido derogado por el ex presidente Mauricio Macri.
La decisión, se formalizó en un acto encabezado por el ministerio de Salud provincial, Daniel Gollán, y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, en La Plata.
El protocolo, que representa ejemplos de los casos en los que aplica interrumpir legalmente un embarazo por referirse a un riesgo físico y psicológico para la salud, había sido publicado en el Boletín Oficial el 22 de noviembre el año anterior con la firma del ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein y al día siguiente fue vetado por Macri.
En aquel entonces, Gollán expresó que “las artífices de que hoy esto pueda hacerse realidad son las mujeres”, además dijo “estar debatiendo esto que debería ser normal porque ya está regido como legal es tedioso” y aseguró que “con las herramientas legales que den certeza a los equipos de salud, mucha gente podrá empezar a perder temores y participar del acceso a este derecho de forma rutinaria”.
Considera además que, en el momento que el Congreso nacional “debata la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) tendremos también las herramientas que nos permiten avanzar en otros derechos que hoy nos siguen costando innecesariamente la vida de mujeres pobres que no pueden acceder a un aborto seguro”.
Resaltó lo imprescindible que es “preservar a la mujer porque lo peor de esto es que a veces los casos terminan mediatizados” y resaltó que “el Estado debe dar respuestas”.
La ministra Díaz expresó que “la guía legisla sobre el procedimiento sanitario para atender las excepciones de aborto que contempla el Código Penal en su artículo 86 inciso 1 y 2, una legislación de 1921”, concluyendo que “no estamos innovando sino que establece qué procedimiento hay cuando el aborto conlleva un problema para la salud o la vida de la mujer o en los casos de una violación”.
“La provincia tiene un protocolo desde 2007, lo reformó en 2012 pero era restrictivo y colocaba requisitos y obstáculos que no establece la ley. Esta guía es precisa, actualizada, toma indicaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y busca acceder a un derecho a la salud legal”, subrayó.
Aclaró que, los especialistas del campo de la salud tienen la facultad de valerse del derecho de la objeción de conciencia pero de modo “individual” porque “las instituciones de salud pública deben garantizar el acceso a las interrupciones legales del embarazo”.
La titular acotó: “para la salud pública es muy costoso cuando se llegan a interrupciones del embarazo en el circuito clandestino e inseguro” resaltando que, “la práctica de interrupción del embarazo en el primer trimestre de gestación es sencilla, puede ser ambulatoria, es medicamentosa”.
Resaltó que: “para que no haya barreras indebidas al acceso a este derecho que no respetan la legislación vigente”. “El gobernador Axel Kicillof nos pidió que hiciéramos esto porque era una deuda con las mujeres y las personas gestantes de la provincia de Buenos Aires”, finalizó.
La adhesión se llevó concluyó por medio de una resolución conjunta que determina: “Aprobar, para su aplicación en los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención de la provincia de Buenos Aires” el protocolo admitido tras la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de Nación.
