La Provincia de Buenos Aires se encuentra en el centro de una importante reforma que busca agilizar los tiempos de adopción y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta modificación legal, recientemente aprobada por la cámara de Senadores y Diputados, introduce cambios significativos en los procesos de adopción, uniendo criterios normativos y enfocándose en el bienestar infantil.
Licencias laborales por adopción y guarda
Desde el aspecto legal, la abogada Rosana Velázquez, experta en adopción y miembro de la organización Mamis Solidarias de Canning, explicó a El Diario Sur que la nueva normativa iguala los derechos de adopción a los de maternidad y paternidad biológica. “Esto reconoce la necesidad de tiempo protegido para construir el vínculo entre adoptado y adoptante”, señaló.
Además, la reforma establece licencias específicas con goce de haberes para empleados del sector público provincial, que incluyen docentes, personal de salud, policías y judiciales. Las licencias por guarda con fines de adopción o adopción efectiva están diseñadas para ser de 120 a 180 días corridos, dependiendo de la edad del menor o si posee alguna discapacidad. También se otorgan dos días corridos por trámite judicial, con un máximo de diez días por año, destinados a gestiones necesarias del proceso.
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Velázquez destacó que estas licencias son fundamentales para trabajadores con ingresos más bajos, permitiendo que puedan llevar adelante el proceso de adopción sin el temor de perder salario o presentismo. También enfatizó la importancia de que el sector privado adopte estos beneficios.
Interés Superior del Niño y derecho a ser oído
La reforma ratifica el principio del Interés Superior del Niño como eje en todas las decisiones administrativas y judiciales. Esto significa priorizar el bienestar, la historia personal y la identidad de cada niño, niña o adolescente. Asimismo, se refuerza el derecho a ser oído durante el proceso de adopción, ajustándose a la edad y madurez del menor.
Un avance destacado es la creación de la figura del Abogado del Niño, un profesional especializado encargado de velar por la voluntad del menor en todo el proceso, evitando interpretaciones erróneas por parte de adultos. Velázquez aclaró que esta figura busca preservar vínculos afectivos y, en la medida de lo posible, evitar la separación de hermanos durante la adopción, garantizando el contácto en caso de no ser posible.
Adopciones en la Provincia durante 2025
En 2025, la Provincia de Buenos Aires registró 931 adopciones formalizadas, según datos oficiales. De ese total, 529 fueron realizadas por mujeres y 402 por hombres. Una proporción destacada de estas adopciones correspondió a niños, niñas y adolescentes mayores de 10 años, un grupo que históricamente ha enfrentado mayores desafíos para encontrar familias adoptivas.
Plazos más cortos y fin de la institucionalización prolongada
Otra modificación central de la ley es la imposición de plazos perentorios, estableciendo un máximo de 90 días para que el juez determine la situación de adoptabilidad de un niño, tras esgotar las instancias de revinculación con la familia de origen. Velázquez aseveró que esta reforma es crucial, ya que antes la situación de adoptabilidad podía extenderse por años, contribuyendo a la violencia estatal al mantener a menores institucionalizados indefinidamente.
Con la nueva legislación, las instituciones de niñez deberán presentar informes al juzgado en un plazo de 24 horas, acelerando significativamente el proceso judicial.
Impacto esperado y desafíos pendientes
Velázquez prevé que la ley incremente en corto plazo el número de adoptantes, especialmente para niños mayores de 10 años y aquellos con discapacidad, categorías tradicionalmente postergadas. El mayor tiempo de licencia también se espera que fortalezca los vínculos y reduzca las guardas fracasadas.
Entre los retos, la abogada subrayó la necesidad de contar con recursos presupuestarios suficientes y capacitación judicial efectiva. Asimismo, destacó la importancia de que el sector privado también adopte estas licencias y que el modelo se implemente a nivel federal.
