La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires inició esta semana el debate sobre la impugnación de las candidaturas testimoniales, un tema polémico planteado por la abogada Silvina Martínez. La letrada busca impedir que varios funcionarios e intendentes se postulen para cargos que no planean asumir, lo que, según su argumento, va en contra del principio de buena fe electoral.
Un requerimiento que sacudió el escenario electoral bonaerense
La abogada Silvina Martínez fundamenta su denuncia al señalar que la existencia de candidaturas testimoniales viola el derecho de los ciudadanos a emitir un voto informado y genuino. En su exposición, citó una sentencia de la Cámara Nacional Electoral de 2009 que establece que los postulantes deben tener la intención de asumir el cargo si son electos.
Entre los principales nombres mencionados en esta controversia están Verónica Magario (vicegobernadora), Mariano Cascallares (intendente de Almirante Brown) y Fernando Espinoza (intendente de La Matanza), quienes han confirmado sus candidaturas de carácter testimonial.
Martínez sugiere que la Junta Electoral podría solicitar a la Legislatura bonaerense la creación de un marco normativo que regule este tipo de postulaciones, con el fin de preservar la integridad del proceso electoral.
Impacto de las candidaturas testimoniales en la percepción pública
Martínez también subraya que estas candidaturas generan desconfianza en el electorado. En su opinión, los candidatos que no tienen planificado asumir cargos están engañando a los votantes al presentarse como opciones legítimas. Ella demandó que se implementen declaraciones juradas para verificar la intención de cada candidato en caso de resultar electo.
El gobierno de Axel Kicillof defendió las candidaturas testimoniales, argumentando que están legalmente permitidas y que enriquecen el competitive electoral. Sin embargo, esto ha generado críticas dentro del propio oficialismo, especialmente entre sectores más ortodoxos del kirchnerismo.
Demandas y consecuencias de la impugnación
El pedido de Martínez se centra en tres ejes fundamentales:
- Requerir a los candidatos que presenten una declaración jurada sobre su intención de asumir el cargo.
- Avalar la legalidad de las postulaciones conforme al principio de buena fe y transparencia.
- Implementar medidas en caso de que se confirme el uso testimonial de las candidaturas.
Martínez también recordó que la Cámara Nacional Electoral, en situaciones similares, había advertido que las candidaturas consideradas “testimoniales” no deben oficializarse si no cuentan con la certeza necesaria sobre la intención de asumir.
Este dilema sobre las candidaturas testimoniales se presenta en un momento crucial para el electorado de la provincia, donde el futuro político de muchos líderes está en juego.
