El Juzgado Civil y Comercial N.º 3 de Dolores, a cargo del juez Santiago Cremonte, admitió una acción de amparo presentada por vecinos y vecinas de General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires, a raíz de la crítica situación sanitaria que atraviesa la ciudad debido a la contaminación del agua potable distribuida por la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).
Las pericias confirman la presencia de niveles de arsénico que exceden ampliamente los límites establecidos por el Código Alimentario Argentino, lo que motivó la intervención de la Justicia tras años de reclamos sociales sin respuestas institucionales.
La acción judicial fue impulsada por el colectivo local Convocatoria Ambiental, con el patrocinio gratuito de la organización Naturaleza de Derechos, que acompañó a la comunidad en la presentación del amparo en defensa del derecho humano al acceso al agua segura. En su planteo, los vecinos solicitaron que ABSA construya una planta potabilizadora capaz de garantizar el abastecimiento de agua apta para consumo en toda la localidad, donde la situación actual representa un riesgo directo para la salud pública.
En atención a la magnitud del problema y su impacto concreto sobre los sectores más vulnerables, los amparistas pidieron además la aplicación urgente de una medida cautelar para que la empresa provea agua envasada en bidones a los hogares afectados, así como a los establecimientos educativos, centros de salud y espacios comunitarios. También se solicitó la instalación de puntos de distribución accesibles en distintos barrios, priorizando las zonas más perjudicadas por la contaminación y la falta de infraestructura.
El juez Cremonte resolvió favorablemente y ordenó otorgar las medidas cautelares solicitadas, reconociendo la legitimidad del reclamo colectivo y la urgencia sanitaria. El caso será incorporado al Registro de Amparos Colectivos de la Provincia de Buenos Aires, en línea con la doctrina del fallo Kersich de la Corte Suprema, que sienta precedente en este tipo de litigios ambientales.
En su resolución, el magistrado también dispuso la intervención de la Asesora de Incapaces departamental, al estar comprometidos los derechos de niñas, niños y adolescentes, y convocó al Defensor del Pueblo bonaerense, dado el carácter colectivo y estructural del conflicto.
Este fallo llega luego de un proceso de organización comunitaria sostenido en el tiempo, ante la ausencia de respuestas efectivas por parte de la empresa estatal ABSA y la indiferencia de las autoridades municipales y provinciales.
En General Belgrano, donde el acceso a agua segura se convirtió en una lucha cotidiana, la Justicia reconoció por fin una realidad que durante años fue invisibilizada: el derecho al agua no puede seguir siendo vulnerado.
