En medio de un contexto económico marcado por el ajuste fiscal, la administración nacional continúa impulsando una serie de medidas orientadas a reducir el tamaño del Estado. El Ejecutivo trabaja en una nueva etapa del llamado plan motosierra, que busca recortar estructuras públicas, reorganizar competencias y reasignar recursos, con el objetivo de contener el gasto y avanzar con su programa económico.
El Gobierno prepara un decreto para suprimir y reestructurar organismos
La Casa Rosada está elaborando un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que permitiría eliminar o fusionar al menos 70 organismos públicos que dependen del Poder Ejecutivo. Esta medida se enmarca dentro de un proceso más amplio de reorganización del Estado, que ya incluyó el cierre de algunas dependencias, la reducción de personal y la reestructuración de funciones en diferentes áreas.
El decreto contemplaría:
- La disolución de entes descentralizados, institutos y programas.
- La fusión de funciones que se consideren superpuestas entre organismos.
- La transferencia de algunas competencias a los ministerios centrales.
- La eliminación de estructuras consideradas ineficientes o de bajo impacto.
Según trascendió, el texto incluiría un anexo con la nómina completa de los entes afectados, lo cual permitiría avanzar con la medida sin pasar por el Congreso.
Cuáles son los organismos que podrían ser alcanzados
Aunque el listado aún no fue publicado oficialmente, se espera que el decreto incluya institutos, agencias y programas relacionados con áreas culturales, científicas, educativas y sociales. Entre ellos, podrían estar en revisión organismos como:
- El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
- El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
- El Instituto Nacional de la Música (INAMU).
- La Agencia Nacional de Discapacidad.
- Diversas subsecretarías y entes regionales.
Además, varios fondos fiduciarios también estarían bajo análisis, con la posibilidad de ser eliminados o redefinidos, en línea con las reformas fiscales que impulsa el Ministerio de Economía.
El objetivo fiscal detrás del recorte
El plan motosierra responde a la intención del Gobierno de lograr el equilibrio fiscal en el corto plazo. Desde la asunción del nuevo Ejecutivo, se priorizó una política de déficit cero, que incluye la reducción del gasto público mediante el achicamiento del Estado.
Entre los argumentos que se manejan en el entorno oficial destacan:
- La existencia de organismos creados por razones políticas más que técnicas.
- La duplicación de funciones que podrían centralizarse.
- El bajo impacto de ciertos entes sobre la vida cotidiana de los ciudadanos.
- La necesidad de reorientar recursos a áreas prioritarias, como seguridad o infraestructura.
Desde el Gobierno aseguran que los fondos ahorrados permitirán avanzar con políticas más eficientes y dirigidas.
Cómo se implementará la medida y qué impacto tendrá
El decreto establecería un cronograma para el cierre, traspaso o liquidación de los organismos incluidos. En muchos casos, las funciones serán absorbidas por secretarías o ministerios ya existentes, lo que podría derivar en:
- Despidos o reubicación de personal.
- Reducción de contratos temporales.
- Venta de bienes del Estado considerados ociosos.
- Reasignación presupuestaria.
Desde distintos sectores sindicales y políticos ya anticiparon que podrían presentarse amparos judiciales o pedidos de inconstitucionalidad, especialmente si el DNU avanza sin debate parlamentario.
Sin embargo, el oficialismo considera que la urgencia fiscal y la necesidad de eficiencia justifican este tipo de medidas, enmarcadas dentro del plan de reformas estructurales que impulsa el Gobierno desde el inicio de su gestión.
