El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires continúa solicitando a la Corte Suprema, la reactivación del sistema de justicia a través de un plan de trabajo digital, y le solicitó al gobernador Axel Kicillof que declare como “esencial” a la actividad judicial.
El presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Dolores, Dr. Adrián Lamacchia, juntó a los presidentes de los veinte colegios departamentales, confeccionaron dos cartas formales que fueron elevadas al presidente del Máximo Tribunal, Eduardo de Lázzari y al gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, en las que enmarca un diagnóstico de los efectos del asueto y donde expresan su preocupación por la suspensión de los términos procesales, donde la
Corte dispuso, el pasado 16 de marzo, la atención únicamente de los asuntos urgentes, dispuesto como medida general para administrar el funcionamiento de la Justicia de la provincia durante el aislamiento social.
El Colegio de Abogados manifiesta su inquietud por la suspensión que ha sufrido el funcionamiento del Poder Judicial, y dejan en manifiesto en cada pedido que esto impide el acceso pleno de los ciudadanos al servicio de justicia. Señalan que los 65 mil abogados y abogadas que
integran el Colegio no tienen acceso al trabajo y que no pueden afrontar económicamente las necesidades básicas de sus familias.
Los abogados señalan en la carta al gobernador, que resulta primordial cambiar el estado de asueto, como así también la suspensión de los términos y el sistema de turnos, para dar comienzo al funcionamiento integral del sistema de justicia en el marco del aislamiento social,
preventivo y obligatorio y poniendo en marcha en su totalidad el expediente digital que posibilita el teletrabajo.
En la carta a la Corte Suprema, el Colegio solicita que se informe públicamente qué medidas va a disponer para que se pueda restablecer el servicio de justicia bajo la modalidad electrónica.
Además, en el documento dirigido a Axel Kicillof, el Colegio le pide al gobernador que declare como esencial la prestación del servicio de justicia, y proponen un protocolo de funcionamiento de los estudios jurídicos en el marco de las medidas sanitarias necesarias para evitar
el contagio del virus Covid-19.
