La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires ha comunicado el impacto que tendrá en el territorio bonaerense el nuevo decreto nacional que desregula los aranceles de los institutos educativos de gestión privada. Esta medida afecta a un amplio espectro de instituciones, generando diversas repercusiones en el sistema educativo provincial.
Perspectiva de la DGCyE sobre las escuelas con aporte estatal
Desde la DGCyE, que dirige Alberto Sileoni, se destaca que las instituciones educativas privadas que reciben aporte estatal constituyen más del 70% del total en la provincia. Para estos establecimientos, las cuotas permanecerán sujetas a “topes arancelarios”, los cuales serán supervisados y autorizados por la Dirección General, conforme a la normativa provincial vigente.
La DGCyE subrayó que cualquier ajuste en los aranceles de estas escuelas requerirá la aprobación previa de las autoridades provinciales, lo que asegura una continuidad en el marco regulatorio existente para estas instituciones.
Implicaciones para las instituciones sin aporte estatal
El nuevo decreto nacional exime a las instituciones sin aporte estatal de las regulaciones previas que les obligaban a informar a autoridades y familias, en octubre, sobre matrícula, aranceles y cuotas para el siguiente año. Este cambio responde a la visión de la gestión de Javier Milei, que considera que estas obligaciones eran “contraproducentes”.
El decreto indica que la obligación de comunicar anticipadamente los montos de matrícula y cuotas, así como la necesidad de autorización estatal para modificaciones, creaba, según los fundamentos del nuevo marco legal, “una situación de incertidumbre económica para los institutos”. Esta incertidumbre a menudo obligaba a las escuelas a fijar cuotas más elevadas de lo necesario, como una medida cautelar ante posibles costos imprevistos.
Reacciones ante la nueva normativa
La decisión ha generado diversas reacciones entre las instituciones educativas y sus familias. Algunos actores del ámbito educativo destacan que la desregulación podría brindar mayor flexibilidad financiera a las instituciones privadas sin aporte estatal, mientras que otros se manifiestan preocupados por la posible falta de control y las repercusiones económicas que esto podría tener en los padres de los alumnos.
Con el decreto ya en vigor, las consecuencias tanto para las escuelas estatales como para las privadas se están comenzando a observar. La DGCyE continúa monitoreando la situación para asegurar que se mantengan los estándares educativos en la provincia.
