La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, deberá cumplir su condena de seis años de prisión domiciliaria en su residencia de San José 1111. Este régimen contempla el uso de una tobillera electrónica y restricciones en las visitas, según lo dictaminó la Cámara Federal de Casación Penal en una reciente decisión.
Detalles de la sentencia y condiciones de la domiciliaria
El tribunal, compuesto por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, resolvió el caso el pasado viernes, rechazando la apelación del Ministerio Público Fiscal para revocar la prisión domiciliaria. Al mismo tiempo, se desestimó la petición de la defensa de Fernández de Kirchner para eliminar el monitoreo electrónico y ampliar el acceso libre a visitas.
La expresidenta está cumpliendo la sentencia por administración fraudulenta en el marco de la causa Vialidad. Según los magistrados, la restricción de las visitas “no se advierte limitación alguna a sus derechos”, y se justificó como una medida necesaria para garantizar el cumplimiento efectivo de la pena.
Argumentos presentados por los jueces
En un extenso escrito que supera las cien páginas, los jueces argumentaron que el arraigo y el bienestar social de Fernández de Kirchner se encuentran garantizados. Se aseguró que su familia, abogados y médicos pueden acceder a su hogar sin restricciones, y que cualquier solicitud de ampliación de la lista de visitantes está sujeta a un procedimiento sencillo y razonable.
Los magistrados también resaltaron que, de acuerdo con la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, el uso de la tobillera es standard en estos casos. Sin embargo, afirmaron que un juez podría excepcionalmente prescindir de esta medida si se presentaran informes favorables pertinentes. Hasta ahora, no se ha presentado evidencia que impida el uso del dispositivo de control en el caso de la exmandataria.
Las restricciones en las visitas explicadas
Los jueces indicaron que “no puede considerarse arbitrario ni desproporcionado” exigir autorización previa para las visitas de personas que no pertenecen al núcleo familiar o profesional inmediato. Consideraron que estas condiciones son compatibles con los estándares legales vigentes y razonables, dado el contexto de los delitos por los cuales fue condenada.
Así, la justicia continúa supervisando el cumplimiento de la condena de la exvicepresidenta, lo que resalta la intersección entre sanciones judiciales y derechos individuales en el ámbito político y social.
