El intendente de Chascomús, Javier Gastón, junto con sus principales colaboradores, afronta una delicada situación, producto de los millonarios cargos, amonestaciones y apercibimientos que le impuso el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Los mismos tienen que ver con diferentes irregularidades detectadas en la rendición de cuentas del ejercicio 2016.
El organismo de contralor provincial le exige directamente al intendente ligado al Frente Renovador (pertenece al vecinalismo de Unidad por Chascomús, incorporado al espacio de Sergio Massa) el pago de casi tres millones de pesos. El millonario monto que el mandatario deberá devolver al erario público incluye cargos y multas para sus principales colaboradores: el contador, la tesorera, el director de personal y la jefa de compras, entre otros, publicó el portal Dixit
La Rendición de Cuentas de aquel año fue hecha por un monto total de $ 78.959.505, pero el Tribunal de Cuentas especificó en uno de los artículos de su resolución que ese monto no coincidió con los valores existentes en caja y en bancos.
Centralmente, la dura sanción para con el intendente Javier Gastón –quien es solidariamente responsable con sus colaboradores por el monto total del dinero que ahora se reclama sea devuelto a las arcas municipales- se basa en la ausencia de justificación y documentación respaldatoria para distintos tipos de gastos que se efectuaron.
El contador Gastón Gualazzini (de estrecha confianza del intendente), la tesorera Mabel Barroso y su colaboradora Carmen Ibarguren son señalados para que respondan por medio millón de pesos por gastos que fueron desaprobados; por este ítem el Tribunal de Cuentas hace solidariamente responsables al propio intendente, más el secretario de hacienda Juan Facundo Alfonsín, la secretaria de Salud Marcela Arias y la secretaria de Desarrollo Social, Fernanda Sallenave.
La administración municipal de Chascomús ya realizó un primer descargo ante el Tribunal de Cuentas, siendo la gran mayoría de los cargos, amonestaciones apercibimientos ratificados por el organismo.
Ante este panorama, a la gestión de Javier Gastón le queda por delante la posibilidad de una segunda apelación (la que está en curso) y luego, directamente pagar el millonario monto que se reclama.
