El sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en territorio bonaerense se encuentra en el centro de una fuerte disputa política y legislativa este mes de abril de 2026. Mientras el Gobierno nacional, liderado por Javier Milei, oficializó mediante el Decreto 139/2026 una reforma profunda que flexibiliza los controles en todo el país, la gestión de Axel Kicillof ratificó que la Provincia de Buenos Aires no adherirá a estos cambios, manteniendo el esquema de revisiones anuales para vehículos de más de dos años.
Sin embargo, la presión de los bloques opositores en la Legislatura bonaerense —integrados por el PRO, la UCR y La Libertad Avanza— ha escalado con la presentación de diversos proyectos de ley que buscan forzar la adhesión provincial a la normativa nacional. El objetivo es claro: reducir la frecuencia de los controles, bajar los costos para el usuario y terminar con el monopolio de las actuales plantas verificadoras.
Los cambios que propone la oposición para la Provincia
Los proyectos legislativos presentados en las últimas semanas buscan reemplazar el actual modelo regido por la Ley 13.927 por un sistema más ágil y menos costoso. Los puntos principales de esta reforma incluyen:
- Extensión de los plazos para 0 km: La primera verificación se realizaría recién a los cinco años del patentamiento, eliminando la obligación actual de verificar a los dos años.
- Revisiones cada dos años: Para vehículos de entre cinco y diez años de antigüedad, la frecuencia de control pasaría a ser bienal en lugar de anual.
- Apertura a talleres privados y concesionarias: Se propone eliminar la exclusividad de las plantas de VTV actuales, permitiendo que cualquier taller mecánico o concesionario habilitado pueda realizar la inspección, fomentando la competencia y reduciendo los tiempos de espera.
- Eliminación de trámites extra: Al igual que la norma nacional, los proyectos buscan suprimir el Informe de Configuración de Modelo (ICM) para abaratar el costo total del trámite.
El conflicto entre Provincia y Nación por la seguridad vial
La negativa de la administración bonaerense a implementar estos cambios se fundamenta en la seguridad vial. Desde el Ministerio de Transporte provincial sostienen que habilitar a cualquier taller privado podría relajar los estándares de control y que la frecuencia anual es necesaria dado el estado de la infraestructura vial y la antigüedad del parque automotor en la provincia.
Por el contrario, los impulsores de la reforma argumentan que la mayoría de los siniestros viales están vinculados al factor humano (exceso de velocidad o consumo de alcohol) y no a fallas mecánicas en autos relativamente nuevos. Además, señalan que el sistema actual se ha convertido en una “carga impositiva encubierta” que no se traduce en mejores rutas.
Estado actual de la VTV en Buenos Aires: abril 2026
A pesar de la ofensiva opositora, es fundamental que los conductores bonaerenses sepan que, a día de hoy, las reglas vigentes en la Provincia no han cambiado. Para circular sin riesgo de multas este mes, se debe cumplir con el cronograma tradicional:
- Periodicidad: Anual para autos con más de dos años de antigüedad.
- Vencimiento por patente: El mes de verificación se rige por el último número de la patente (en abril corresponde a las terminadas en 4).
- Costo: El valor de la tarifa para vehículos livianos en PBA se sitúa en torno a los $97.000.
- Multas: Circular con la VTV vencida en rutas provinciales puede acarrear multas que superan los $500.000, además de la posible retención de la licencia.
Exenciones de pago vigentes en territorio bonaerense
A pesar de la obligatoriedad del control, existen grupos que están exentos del pago del arancel (aunque deben realizar la inspección igualmente):
- Jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos.
- Personas con discapacidad (titulares del CUD) para un único vehículo.
- Vehículos de uso municipal y de bomberos.
La resolución de este conflicto legislativo será clave para los próximos meses. Si los proyectos de la oposición logran avanzar en las comisiones de la Legislatura, la Provincia de Buenos Aires podría verse obligada a modernizar un sistema que genera malestar por sus costos y las demoras en la obtención de turnos, alineándose finalmente con la tendencia de desregulación que impera a nivel nacional.
